Es el corredor fluvial clave para el comercio regional que conecta a Argentina con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Esta convocatoria llega tras la fallida licitación anterior, anulada luego de que sólo una empresa, la belga DEME, presentara una oferta. El Ejecutivo decidió reiniciar el proceso para asegurar mayor competencia y transparencia, luego de controversias judiciales y denuncias por prácticas anticompetitivas.
En paralelo, el Gobierno nacional implementará en los próximos días un decreto impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, junto con Arreseygor, que desregulará el transporte marítimo y permitirá la operación de buques extranjeros en el cabotaje nacional. La iniciativa elimina la exclusividad de la Marina Mercante argentina y permitirá que barcos y tripulaciones extranjeras participen del comercio marítimo local, especialmente relevante en el transporte desde el Puerto de Posadas hacia el Puerto de Zárate, a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Modificaciones en la ley de cabotaje nacional
El decreto establece que la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional podrán ser realizados por buques registrados tanto en Argentina como en el extranjero, permitiendo que barcos de bandera extranjera operen por períodos renovables de hasta 180 días. Asimismo, elimina la obligatoriedad de contratar tripulaciones argentinas, permitiendo la contratación de personal marítimo o fluvial de cualquier nacionalidad.
Facilidades para armadores nacionales La normativa también beneficiará a armadores argentinos al permitirles solicitar el cese provisorio de bandera ante la Prefectura Naval Argentina, inscribiendo sus buques en registros extranjeros sin considerarlo una exportación. Este beneficio tendrá una vigencia de hasta diez años, con reingreso automático sin costos adicionales, excluyendo a los buques pesqueros.
Impacto para sindicatos y empleadores El decreto declara la navegación marítima comercial como servicio esencial, garantizando un porcentaje mínimo de operatividad en caso de huelgas o conflictos laborales. Aunque los sindicatos podrán sugerir listas de personal disponible, los empleadores contarán con plena libertad de contratación. Esta medida genera preocupación y oposición en gremios del sector, quienes alertan sobre posibles perjuicios laborales y económicos.
Durante una reciente visita al puerto Tec Plata, en Buenos Aires, Arreseygor resaltó la necesidad de "desregular el sector" y confirmó que cualquier obra futura dependerá exclusivamente del capital privado, descartando inversiones estatales para profundizar el dragado hacia el norte del puerto de Timbúes.
Estas modificaciones podrían concretarse mediante decreto presidencial durante las próximas semanas, generando expectativas y controversias entre empresarios, sindicatos y autoridades provinciales.
