La iniciativa del Gobierno nacional, que será tratada en sesiones extraordinarias, busca establecer sanciones más severas para desalentar este tipo de delitos. Desde el sector agropecuario, la medida ha sido recibida con un fuerte respaldo, considerándola un paso clave en la protección de la producción y el medioambiente.
El proyecto propone elevar las penas actuales, que van de 3 a 10 años de prisión, a un rango de 4 a 12 años en los casos menos graves y hasta 25 años cuando el fuego represente una amenaza directa para la población. La propuesta responde a una serie de incendios que han devastado vastas extensiones de tierra en diferentes provincias, afectando no solo la producción agropecuaria, sino también la biodiversidad y las comunidades locales.
Un problema recurrente y creciente
Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), el año pasado se registraron más de 31.600 focos de incendio en el país. En lo que va de 2025, la cifra ya supera los 3.000, un incremento alarmante en comparación con el mismo período del año anterior. En la Patagonia, las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut han sido epicentro de incendios que han arrasado con 37.000 hectáreas y dejado más de 150 viviendas destruidas.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron la reforma del Código Penal como parte de un plan integral para combatir los incendios provocados. "Ningún incendio intencional será excarcelable", afirmó Bullrich en sus redes sociales, dejando en claro la postura oficial.
La voz del sector agropecuario
Para los productores rurales, esta reforma es una necesidad urgente. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), subrayó la importancia de la medida: "Es fundamental que la Justicia cuente con herramientas más eficaces para castigar a quienes atentan contra el campo y el medioambiente". Por su parte, Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, coincidió en que la iniciativa es clave para frenar estos delitos: "El fuego no solo destruye nuestras tierras, sino que pone en riesgo la seguridad de toda la sociedad".
En provincias como Corrientes y Santa Fe, los incendios han afectado miles de hectáreas en las últimas semanas, exacerbados por la sequía y las altas temperaturas. Aunque en muchos casos los siniestros son accidentales, la creciente evidencia de focos iniciados de manera deliberada ha encendido las alarmas en el sector.
Un cambio de paradigma en la legislación
Si bien la actual legislación ya contempla penas de hasta 20 años cuando los incendios provocan muertes o daños graves, la nueva iniciativa busca que el castigo sea más severo y disuasivo. En un contexto de crisis climática y aumento de incendios, el debate en el Congreso se presenta como una oportunidad para reforzar la lucha contra estos delitos.
La expectativa del agro es clara: una justicia más firme y un marco legal que desincentive los incendios intencionales. Con un apoyo político creciente, el proyecto de ley podría convertirse en un hito en la protección del campo y del medioambiente en Argentina.