Esta regulación, que inicialmente estaba prevista para 2023, prohibiría la comercialización en Europa de productos como carne vacuna y soja provenientes de zonas deforestadas después de 2020.
Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó su conformidad: "Recibimos con beneplácito la noticia de la prórroga por 12 meses. Esto abre las puertas a una charla abierta y de consenso. No podemos permitir que nuestros productores se vean limitados por una legislación extranjera".
Nicolás Pino, líder de la Sociedad Rural Argentina (SRA), fue contundente en sus declaraciones: "Seguiremos trabajando para que nunca se implemente esta normativa. Desde un primer momento, nuestra entidad rechazó categóricamente esta iniciativa". Pino destacó el esfuerzo del agro argentino para lograr este avance, con el respaldo de organismos internacionales como el Mercosur y la Organización Mundial de Agricultores.
Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, también celebró la postergación y subrayó la importancia de considerar a la Argentina como un país con bajo riesgo de deforestación, sugiriendo que el país tiene leyes de protección forestal que podrían servir como base para futuras negociaciones.
Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), calificó la decisión europea como una "señal positiva" que permitirá más tiempo para adaptarse a las exigencias de la normativa. Idígoras mencionó que se debería eliminar la segregación física de productos, la cual representa un costo alto e innecesario, y planteó la posibilidad de que Argentina sea reconocida como país libre de riesgo de deforestación.
Andrés Costamagna, miembro de la Comisión de Sostenibilidad de la SRA, resaltó que esta prórroga permitirá al sector desarrollar sistemas de monitoreo y verificación que cumplan con la normativa, en caso de que esta avance. Además, comentó que la Comisión Europea respondió al pedido de prórroga por dificultades de cumplimiento en 14 países de la Unión Europea.
La decisión ha generado debates intensos en el Parlamento Europeo, con algunos países sugiriendo cambios para adaptar la normativa a la realidad productiva de Sudamérica. Esto abre una instancia de negociaciones donde Argentina y otros países de la región esperan ser considerados como países de bajo impacto ambiental.
El sector agropecuario argentino, mientras tanto, se mantiene vigilante y dispuesto a colaborar para demostrar que sus sistemas productivos son sustentables y de bajo impacto en comparación con los estándares europeos.
