La Mesa Agroalimentaria Argentina emitió un contundente comunicado en el que denunció la intervención, vaciamiento y desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En el centro de la polémica se encuentra el proceso de subasta del edificio ubicado en Cerviño 3101, en el barrio porteño de Palermo, el cual fue calificado como un caso de presunta corrupción administrativa.
La denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, dependiente de la Procuraduría General de la Nación, y ha generado una ola de críticas hacia las autoridades responsables del procedimiento.
Irregularidades señaladas
El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Dr. Sergio Rodríguez, identificó múltiples irregularidades en el proceso. Entre ellas, destacó que la desafectación del inmueble fue realizada por la Secretaría de Agricultura, un organismo que carece de competencia para tomar esa decisión. Según Rodríguez, esta responsabilidad recae exclusivamente en el Consejo Directivo del INTA.
Otro punto cuestionado fue la falta de informes técnicos que justifiquen la venta del edificio y la velocidad con la que se avanzó en el procedimiento. Además, se señaló como crítico el único informe presentado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), emitido en dos ocasiones, con conclusiones contradictorias entre mayo y octubre de 2024.
La ausencia de datos sobre los costos de mantenimiento del inmueble y los beneficios económicos de la venta también generaron preocupación. A esto se suma la imposición de un pliego de condiciones restrictivas, que incluye la exigencia de construir un edificio torre en el predio, lo que fue calificado como poco razonable.
Críticas desde el Consejo Directivo del INTA
Miembros del Consejo Directivo del INTA expresaron reservas sobre el proceso, afirmando que no se cumplió con la conformidad formal necesaria para avanzar con la subasta. Según el comunicado, esto configura un intento de "subasta direccionada", vulnerando los principios de transparencia que deberían regir las contrataciones públicas.
Impacto en la soberanía alimentaria
La Mesa Agroalimentaria Argentina cuestionó las justificaciones urbanísticas presentadas, argumentando que estas responden a competencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no de la Administración Nacional. Asimismo, advirtió que estas decisiones impactan directamente en la seguridad y soberanía alimentaria del país, afectando a pequeños productores, trabajadores rurales y el sector agrícola en general.
"Estas acciones no solo perjudican al campo, sino que comprometen el desarrollo sostenible del país y la alimentación del pueblo argentino", señaló la organización.
Un pedido de freno y transparencia
La Mesa Agroalimentaria solicitó detener de inmediato el proceso de venta del edificio y alertó sobre las posibles consecuencias penales y patrimoniales de continuar con la operación. En su comunicado, afirmaron: "¡No a la intervención del INTA! ¡No al vaciamiento, desguace y negociados corruptos con los bienes del INTA!".
El mensaje concluyó con un llamado a fortalecer las políticas públicas que respalden al sector agropecuario, especialmente al cooperativismo y la producción familiar. "Defendamos nuestra tierra, nuestra soberanía alimentaria y el futuro de nuestras familias campesinas", subrayaron.
La denuncia presentada busca no solo detener la subasta del emblemático edificio, sino también abrir un debate más amplio sobre el rol del INTA en el desarrollo agrario y la necesidad de garantizar su independencia y transparencia.
