El Juzgado Federal de Junín dio lugar a un recurso de amparo presentado por productores y por la Sociedad Rural de esa localidad y declaró inconstitucional el cobro de derechos de exportación a los granos desde el primero de enero de este año.
"Si bien nos encontramos ante una sentencia que no se encuentra firme, seguramente debatible en otras instancias judiciales, es una buena noticia en la búsqueda de otras alternativas de defensa de los derechos del sector agropecuario", explicó en diálogo con Clarín Rural Alejandro Barbieri, ex presidente de la Rural de Junín y abogado patrocinante en la acción judicial.
Según detalló, las rurales de Arrecifes, Baradero y Junín habían presentado acciones de amparo en sus respectivos juzgados aduciendo que el cobro de retenciones es ilegal desde el primero de enero por no haberse sancionado la ley de presupuesto. En efecto, el 31 de diciembre pasado venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo mediante la Ley de Solidaridad Social de modificar el esquema de retenciones a las exportaciones del agro. Desde entonces la dirigencia agropecuaria viene reclamando que el Congreso de la Nación legisle al respecto, y ya son varios los procesos judiciales abiertos en distintas provincias del país.
En ese contexto, la Rural de Junín presentó el amparo junto a dos productores, y esa es la particularidad del caso. "La novedad importante es que quienes se benefician con la sentencia son los mismos productores agropecuarios ya que ellos mismos fueron reconocidos como legitimados para realizar el reclamo. Se reconoce al productor como un perjudicado por los derechos de exportación. Sería muy auspicioso que se replique en todos los juzgados", explica Barbieri, y agrega: "Gremialmente es un gran paso, representa un cambio estratégico en este tema. Es salir de la protesta y buscar directamente la forma de defenderse".
Luego, el abogado reconoce que actualmente las retenciones tienen un impacto menor en comparación con el desdoblamiento cambiario. "Hoy el gran robo es el diferencial del tipo de cambio, pero son pequeños pasos que se empiezan a dar", concluye.
Pese a este revés, el Gobierno puede apelar el fallo y por lo pronto continuará cobrando las alícuotas.
Antecedentes
En abril de este año, el Juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, resolvió admitir la acción colectiva que fue presentada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María para frenar el cobro de las retenciones a los granos.
Ambas entidades habían presentado el 21 de febrero pasado una acción de amparo por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones ya que consideran que "inconstitucionales" e "ilegítimas" tras caerse el Presupuesto 2022 en el Congreso Nacional.
En su resolución, el juez federal admite la acción colectiva y delimita "la clase afectada a todos los productores agropecuarios del país".
Según el presidente de la SRA Nicolás Pino, si esa entidad no hubiese presentado una acción de amparo contra las retenciones y el Gobierno hubiese avanzado con un alza en las alícuotas para la exportación de trigo y maíz, "se habrían sacado de circulación 730 millones de dólares".
En 2022, el aporte de la agroindustria en materia de derechos de exportación a los granos y subproductos alcanzaría los 10.968 millones de dólares, según una estimación realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La cifra es superior a los 9.104 millones de dólares aportados en 2021 por las cadenas agroindustriales.
