La Aduana Argentina, bajo la dirección de Guillermo Michel, ha desatado una controversia significativa con los exportadores de soja, tras imponer multas millonarias a dos compañías por presunta sobrefacturación en importaciones desde Paraguay. Según la Aduana, se recibió una factura comercial de Paraguay con valores inferiores a los declarados en Argentina, lo que desencadenó una investigación que ha llevado a la confirmación de denuncias contra dos de las siete cerealeras investigadas desde 2020.
La Investigación y Multas Impuestas Las firmas Vicentin SA y Cofco han sido multadas con $446.368.298 y $52.278.729, respectivamente, por operaciones realizadas entre 2020 y 2022. La Aduana sostiene que los documentos recibidos recientemente de Paraguay confirman la sobrefacturación. Estas acciones se basan en el artículo 954 del Código Aduanero, que regula este tipo de irregularidades.
Respuesta de las Empresas Afectadas Las empresas implicadas, sin embargo, afirman que los sumarios mencionados son antiguos y no están vinculados con nuevas investigaciones. Además, indican que no han sido formalmente notificadas sobre estas multas. Vicentin, que dejó de operar en 2019, argumenta que las operaciones de 2020 no son posibles, ya que desde entonces sus operaciones son tercerizadas. La tardanza de tres años por parte de Paraguay en enviar la documentación también ha suscitado dudas entre los exportadores.
El Contexto de las Operaciones La Aduana había iniciado sumarios a varias cerealeras por sobrefacturación en la importación temporal de poroto de soja, con un monto que supera los US$55 millones. Estas operaciones se realizaban bajo el régimen de importaciones temporales, permitiendo a las empresas deducir el valor del insumo importado de los eventuales derechos de exportación del producto procesado en Argentina. La presunta sobrefacturación habría permitido a las empresas deducir casi US$4 millones más de lo debido.
Implicaciones y Procedimientos Legales La situación actual plantea interrogantes sobre los procesos administrativos y legales en el sector de exportación de cereales. Mientras la Aduana se apoya en documentación recién recibida para imponer multas, las empresas afectadas cuestionan la validez y el tiempo de las investigaciones. La controversia pone de relieve la importancia de la transparencia y el debido proceso en las operaciones comerciales internacionales, especialmente en un sector tan crucial como el agroindustrial.
