La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha expresado su rechazo a una reciente resolución del Senasa que impone nuevas obligaciones a los productores que realizan autogestión en el transporte de hacienda. Según la medida, estos productores deberán controlar que las habilitaciones estén al día al cargar la hacienda en el Documento de Tránsito Electrónico (DT-E).
El Senasa argumenta que esta resolución busca mejorar el seguimiento del traslado de animales y garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias e higiénicas de los vehículos, así como el bienestar animal. Para ello, se implementará un Plan de verificación del registro de transportes de animales.
Sin embargo, desde la CRA se oponen a esta medida, argumentando que los productores no deberían ser responsables de controlar las habilitaciones de los camiones. Según la entidad del campo, esta tarea debería recaer en la Secretaría de Transporte u otro organismo oficial designado para ello.
%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFB Los productores no tienen ni quieren el poder de policía que deben ejercer los organismos oficiales
%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFBNota completa acá: https://t.co/PAerLlqrSd— CRA (@CRAprensa) June 21, 2023
Uno de los principales puntos de discordia es el aumento del tiempo y los costos asociados a la carga de la hacienda. Los productores argumentan que esta nueva obligación generará demoras y mayores gastos, lo cual afectará su operatividad y rentabilidad.
La resolución establece que, a partir del 24 de julio de 2023, los autogestores deberán cumplir con ciertas restricciones al emitir el DT-E, dependiendo del estado de la habilitación del transporte y del destino de los animales. Para los animales destinados a frigoríficos habilitados para exportación a la Unión Europea, la habilitación vigente será un requisito. Sin embargo, para el resto de las especies y destinos, el registro de habilitación permitirá la emisión del DT-E, incluso si se encuentra vencido.
Ante esta situación, la CRA ha solicitado al Senasa que revea la resolución, argumentando que fue implementada sin consulta previa y sin la debida integración entre el sector público y privado.
La controversia continúa y será necesario seguir de cerca el desarrollo de esta situación, ya que afecta directamente a los productores que realizan autogestión en el transporte de hacienda y puede tener implicaciones en la eficiencia y competitividad del sector agropecuario.
