Organizaciones y fiscales generales demócratas cuestionan la legalidad de la medida, que generó confusión y preocupación en programas clave como Medicaid y Head Start.
La jueza federal de distrito Loren L. AliKhan dictaminó este martes que la administración Trump debe esperar al menos hasta la próxima semana antes de implementar una pausa en el gasto federal de billones de dólares en subvenciones y préstamos. La decisión, que bloquea temporalmente a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), se produjo menos de 24 horas después de que se anunciara el congelamiento, generando confusión y críticas entre legisladores y organizaciones.
El memorando de dos páginas emitido por la OMB el lunes por la noche buscaba detener los pagos de múltiples programas federales, lo que provocó un intenso debate sobre su legalidad y alcance. Aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la medida no afectaría programas de asistencia directa como el Seguro Social o Medicaid, senadores demócratas reportaron que los portales de Medicaid en los 50 estados estaban inactivos el martes.
La jueza AliKhan, designada por el expresidente Joe Biden, ordenó que las partes involucradas presenten informes adicionales y programó una audiencia para el 3 de febrero. "Todo lo que debía pausarse a partir de las 5 p.m. de hoy para abrir la financiación de las subvenciones se suspende", declaró AliKhan tras escuchar los argumentos de las organizaciones demandantes y el gobierno federal.
Diane Yentel, presidenta del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, una de las entidades que presentó la demanda, advirtió que aún queda mucho trabajo por hacer para evitar que la medida se implemente a largo plazo. "Esta acción imprudente de la OMB no puede seguir adelante", afirmó Yentel.
Impacto en programas clave
El memorando de la OMB generó incertidumbre en programas como Head Start, asistencia energética para hogares de bajos ingresos (LIHEAP) y servicios legales para veteranos. Aunque la Casa Blanca aseguró que Medicaid no se vería afectado, senadores demócratas como Ron Wyden de Oregon denunciaron que los portales de Medicaid estaban inactivos en todo el país. "Este es un intento flagrante de arrebatarle el seguro médico a millones de estadounidenses", escribió Wyden en redes sociales.
Por su parte, la senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones, expresó su preocupación por el impacto de la medida en programas como Head Start. "Esto es demasiado general y tendrá un efecto adverso en la prestación de servicios", dijo Collins, quien pidió a la administración ser más selectiva en su enfoque.
Desafíos legales y reacciones políticas
La medida de la OMB enfrenta múltiples desafíos legales. Fiscales generales de más de 20 estados, liderados por Letitia James de Nueva York, presentaron una demanda argumentando que la administración Trump excedió sus poderes presidenciales. "Este presidente ha violado la Constitución y pisoteado una rama del gobierno", afirmó James.
Mientras tanto, los principales demócratas en los comités de Asignaciones del Congreso, Rosa DeLauro y Patty Murray, enviaron una carta al director interino de la OMB, Matthew J. Vaeth, expresando su alarma por el impacto de la medida. "El alcance de esta suspensión es impresionante, sin precedentes y tendrá consecuencias devastadoras", escribieron.
El poder del Congreso en juego
El Artículo I de la Constitución otorga al Congreso la autoridad exclusiva para aprobar el gasto federal, un principio conocido como el "poder de la bolsa". La Ley de Control de Embargos de 1974 refuerza esta autoridad, prohibiendo al presidente negarse a gastar fondos asignados por el Congreso. Sin embargo, el nominado por Trump para dirigir la OMB, Russ Vought, ha calificado esta ley de inconstitucional, lo que ha generado tensiones entre el poder ejecutivo y el legislativo.
Sharon Parrott, presidenta del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, criticó el lenguaje vago del memorando de la OMB. "Esta confusión no es un juego político: los gobiernos estatales, locales y tribales no pueden funcionar sin recursos y claridad", afirmó Parrott.
Conclusión
El congelamiento de gastos federales anunciado por la administración Trump ha desatado una batalla legal y política que podría tener repercusiones significativas en programas clave para millones de estadounidenses. Mientras la jueza AliKhan mantiene la suspensión temporal, el país espera más claridad sobre el futuro de estos fondos.