El secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, le pidió a todas las grandes empresas del sector comercial y del sector industrial que informen cuál es el stock de productos que tenían al 31 de enero pasado, al tiempo que les solicitó también que informen mensualmente hasta fin de año las cantidades y los precios de las mercaderías que venden.
La norma sólo abarca a los grandes jugadores del mercado.
En el caso de comercio, los que superen los $5.945 millones de facturación anual, y en el de las industrias $7.046 millones, que son los topes máximos que fija la ley pyme para que las empresas sean consideradas dentro de ese grupo.
Un dato a tener en cuenta es que cuando fue creado el SIPRE, su vigencia fue pensada para que durara lo mismo que la emergencia económica, originalmente hasta diciembre de 2020. Pero el Gobierno ha venido prorrogando la norma año a año, la última vez hace unos días, hasta fin del 2023. En este caso, Tombolini decidió desvincular ese sistema informativo de la emergencia, para que quede de manera independiente.
Con ello, la Secretaría de Comercio busca profundizar los controles sobre las cantidades que hay de mercaderías, para tener un mejor seguimiento y evitar faltantes en los supermercados en el marco del Programa Precios Justos.
Este grupo de empresas también tuvo que informar sus stocks a diciembre de 2020 y 2021. El secretario de Comercio también estableció que ese tipo de información, que hasta ahora era como una especie de foto del último día de cada año, pase a enero. La dependencia a cargo de Tombolini, con este tipo de controles, trata de evitar que los grandes jugadores retengan mercaderías a la espera de un posible incremento de precios en el marco de la aceleración inflacionaria de las últimas semanas.
Hasta ahora, la mayoría de las estimaciones de las consultoras privadas marcan que en enero se registró una suba de los precios que se ubicaría cerca del 6% mensual, sobre todo por el impacto en el índice que va a tener el valor de carne vacuna.
En ese contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, y Tombolini anunciaron el viernes pasado un relanzamiento del programa Precios Justos, que involucra a más de 482 empresas de diversos rubros y más de 49.932 productos con una pauta de precios promedio del 3,2% mensual y estará en vigencia desde febrero hasta el 30 de junio.
En ese sentido, el Gobierno desarrolló, en conjunto con Amazon y Arsat, un panel de monitoreo de cumplimiento de los acuerdos voluntarios, que procesa 15.000.000 de datos diarios que suben las empresas de manera voluntaria y brinda un panorama general de cumplimiento e incumplimiento.
Fuentes del sector supermercadista indicaron a Ámbito que el programa se está cumpliendo entre las grandes cadenas, aunque advierten que se puede producir un desplazamiento de las ventas en perjuicio de los comercios y autoservicios más chicos que no acceden al mismo.
Un punto a tener en cuenta en relación a la ampliación de productos en los sistemas de precios acordados con el Gobierno es que en el último relevamiento del INDEC de diciembre de 2022, este tipo de programas expresaban sólo el 2,88% de los productos relevados, en tanto que un año atrás, Precios Cuidados representaba el 12,23% de la muestra, lo que indica que hubo un paulatino abandono de parte de las empresas de los acuerdos voluntarios.
Canasta escolar En tanto, la Secretaría de Comercio anunció que este año se lanzará una canasta de 300 productos escolares que también van a tener un incremento del 3,2% hasta junio, con motivo del inicio de las clases. La oferta en Precios Justos incluye útiles escolares e indumentaria y los puntos de ventas serán los supermercados y librerías adheridas.
Por Carlos Lamiral
