La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) se declaró en "estado de alerta y movilización" y elevó una nota al gobernador Omar Perotti para manifestar el "desasosiego y malestar" de la entidad, por lo que consideran "la muy escasa acción efectiva desplegada por el gobierno de la provincia" para socorrer a los productores afectados por la sequía.
En la misiva al mandatario, los ruralistas asumen que algunos problemas son causa de decisiones tomadas en la Nación. Sin embargo, "el gobierno provincial no asume las responsabilidades que le son propias, tales como las de peticionar -y hasta exigir- el concurso del gobierno nacional para salvaguardar los intereses de sus habitantes".
En el texto también sentenciaron: "lo que encontramos como respuestas del gobierno provincial es realmente muy pobre".
Incluso criticaron duramente a la gestión por falsear datos de la asistencia por sequía. "Exigimos seriedad, transparencia y responsabilidad en la información", sostienen en relación a la incongruencia entre el monto que se anuncia en concepto de ayuda por la emergencia y lo que realmente se ejecutó.
Y también dedicaron "una mención especial" a otro argumento esgrimido por la gestión Perotti: que si contaran con la nueva ley de emergencia que se impulsa (Ley de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios) se podría haber ayudado sin demoras a los damnificados. "Señor Gobernador, las respuestas son urgentes y pueden -y deben- brindarse aun con la normativa vigente, mientras se desarrolla el trámite legislativo del nuevo texto", indicaron.
Falacias
La presentación pública del texto se realizó en la mañana de este lunes 13 de marzo, con la presencia de todas las rurales de la provincia y las máximas autoridades de Carsfe: su presidenta Sara Gardio, el vice Gustavo Sutter Schneider y el secretario Ignacio Mántaras.
Fue Mántaras quien se abocó a explicar las incoherencias del discurso oficial. Primero aclaró que durante 2023 se reunieron 3 veces con el gobernador y siempre le plantearon que "las respuestas que estaban llegando de Nación y Provincia eran insuficientes" para evitar la pérdida de productores. "A esta fecha, mediados de marzo, seguimos en la misma situación; se van a caer productores y la respuesta es insuficiente tanto de provincia como Nación".
Luego se enfocó en los números y anuncios oficiales. Sobre fines de febrero, dijo, "la provincia manifestó que ya destinaron 4.000 millones de pesos para asistir a productores de la provincia". Sin embargo, "las herramientas que nos han brindado llegan a 2.000 millones; hay una disociación entre lo que nos informaron en reuniones privadas y lo que se dijo públicamente".
En ese sentido aclaró que en la información pública se incluyeron fondos nacionales. Por ejemplo una línea para plantar árboles por $800 millones, $400 millones para Agricultura Familiar, $400 millones del Plan GanAr, entre otros. "Hay fondos que no son para sequía, como el plan GanAr, que surgieron en la gestión de Dominguez cuando se cerraron las exportaciones de carne", dijo, y remarcó que estos recursos "surgieron por malas políticas nacionales, no por respuesta a la sequía". Lo mismo que las compensaciones para los tamberos por el impacto del dólar soja. "Lamentamos que esa información se distorsione en la agenda oficial", remarcó.
Sin ley
Por otro lado, Mántaras criticó los dichos del gobernador sobre la posibilidad de ayuda que implicaría contar con la nueva ley de Emergencia Agropecuaria. "Han dicho que si tuviéramos esa ley, la provincia podría responder ante la sequía y los productores estarían mejor asistidos", recordó. "Eso es una falacia, lamentablemente hay que decirlo; primero porque tranquilamente la provincia podría destinar recursos a la asistencia por sequía, tiene más de 100.000 millones en cuentas".
En segundo lugar, el proyecto de ley prevé un fondeo con un porcentaje del Inmobiliario Rural, que según los números del año pasado "es bastante insuficiente; de hecho no se condice con los montos que se preveían en las reuniones de trabajo para esa ley". Con los números de 2022, dijo, "no llegaría a los 700 millones". Pero aclaró que primero "se tiene que percibir" durante el 2023, con el agravante de que "muchos productores van a tener prórroga y otros estarán exentos por el desastre agropecuario". Y concluyó: "por lo cual, decir que si hoy tuviéramos la ley, la provincia podría tendría las herramientas para asistir es un error".
Por su parte, Sara Gardiol definió el Estado de Alerta y Movilización: "estar viendo qué cosas ocurren, dónde están los problemas, qué podemos seguir haciendo y estar atentos a si se cumple lo que se promete". Y añadió que lo que a movilización respecta, "significa el acercamiento, seguir viendo en los distintos estamentos lo que se puede hacer para obtener un resultado positivo". Además, aclaró, "nos debemos a las decisiones de CRA y la Mesa de Enlace". Por lo tanto, aún no hay acciones de protesta definidas.
