En un comunicado emitido el 19 de marzo por la Casa Blanca, se destaca la oposición de la Administración a la S.J. Res. 62, una resolución que buscaría rechazar la acción del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que permite la entrada de la carne fresca de Paraguay a los Estados Unidos.
Este apoyo se basa en una evaluación científica rigurosa realizada por el USDA, que incluyó visitas in situ, un análisis de riesgo integral y una revisión continua de la situación zoosanitaria de la región, concluyendo que el riesgo de importar carne fresca de Paraguay es bajo. Además, se asegura que la carne paraguaya no desplazará a la local, ya que está sujeta a niveles de contingentes agregados que ya se aplican a varios países de América Latina.
Tras años de negociaciones, Paraguay ha logrado reingresar al mercado estadounidense a finales de 2023, acumulando envíos cercanos a las 4 mil toneladas en los primeros tres meses de 2024, con la aspiración de alcanzar un total de 10 mil toneladas al cierre del año.
La Casa Blanca advierte que aprobar la S.J. Res. 62 afectaría la credibilidad de los procesos de toma de decisiones basados en la ciencia de Estados Unidos y sus acuerdos comerciales, poniendo en riesgo el acceso equitativo a mercados de exportación para agricultores y ganaderos estadounidenses.
Además, el comunicado destaca que Paraguay enfrenta presiones políticas en el comercio internacional, en particular de Rusia y China. Rusia ha restringido el acceso a sus mercados a algunos exportadores paraguayos tras la condena del país sudamericano a la invasión rusa de Ucrania. Por otro lado, China ha impuesto un embargo de facto a las exportaciones de carne bovina paraguaya, dado que Paraguay es el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.
El acceso al mercado estadounidense es visto como fundamental para que Paraguay recupere las exportaciones perdidas a Rusia y resista la presión de China. La Administración Biden considera que aprobar la resolución propuesta dañaría seriamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, amplificando la narrativa de que Estados Unidos no es un socio económico confiable y perjudicando sus esfuerzos globales contra la coerción económica.