Mientras el Gobierno impulsa una profunda reestructuración en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), crecen las tensiones internas entre los trabajadores, que denuncian un proceso de "vaciamiento" y alertan sobre la posible creación de un nuevo organismo que absorbería sus funciones.
La semana pasada, Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, oficializó a través de una resolución interna un primer paquete de cambios que redefine el esquema administrativo y operativo del instituto. Entre las principales novedades figura la creación de una Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa, que concentrará la gestión de recursos humanos, financieros y materiales. Además, se reorganizarán áreas estratégicas, como la Dirección de Recursos Humanos y la de Sistemas, que pasarán a ser coordinaciones nacionales.
Este movimiento es parte de una transformación más amplia que podría desembocar en la fusión del INTA con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), para conformar el denominado Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE). El proyecto, que comenzó a circular en borradores a principios de año, ya fue mencionado en reuniones sectoriales, aunque sin precisiones oficiales. Según trascendió, un decreto presidencial podría formalizarlo en las próximas semanas.
La noticia de la reestructuración encendió alarmas dentro del organismo. El viernes, más de cien trabajadores se manifestaron en distintas sedes del país bajo consignas como "El INTA no se vende". Las protestas incluyeron escraches a funcionarios y declaraciones públicas en las que los empleados acusaron a las autoridades de ser "interventores" designados para implementar un ajuste encubierto.
Desde los gremios, la lectura es clara: temen que el proceso derive en despidos, pérdida de líneas históricas de investigación y un debilitamiento del rol estratégico que el INTA cumple en el desarrollo tecnológico agropecuario. "Estamos en alerta y asamblea permanente", señalaron representantes sindicales, quienes exigieron la apertura de un diálogo formal antes de avanzar en cualquier cambio estructural.
Por ahora, el Gobierno sostiene que los movimientos buscan "optimizar recursos" y mejorar la eficiencia interna del organismo. Sin embargo, la falta de información detallada, sumada al contexto de ajuste en otras áreas del Estado, alimenta el malestar y la incertidumbre entre los empleados.
El futuro del INTA parece así atrapado en una pulseada entre el objetivo oficial de modernizar la estructura pública y la defensa de los trabajadores por mantener la identidad y autonomía del instituto, claves para el desarrollo científico y productivo del país.
