Desde este mes de diciembre, los usuarios viales de la Provincia de Buenos Aires enfrentan un nuevo y sorpresivo incremento en las tarifas de peaje, que oscila entre el 23% y el 25%. Este ajuste, el cuarto en lo que va del 2024, se suma a una escalada acumulada de precios que alcanza un total anual del 530%.
El impacto es especialmente significativo en la Autopista Buenos Aires-La Plata, con un aumento del 25%, y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, compuesto por la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11, donde la suba es del 23%. A su vez, se prevé que los ajustes bimestrales o trimestrales continuarán bajo el denominado Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT).
Cifras alarmantes
En términos concretos, el impacto para los usuarios se traduce en costos anuales exorbitantes. Por ejemplo:
Un automóvil que transite diariamente de CABA a La Plata gastará $2.400.000 solo en peajes.Un camión de más de seis ejes, realizando el mismo trayecto 20 veces al mes, alcanzará un gasto anual de $11.520.000.
El escenario es aún más crítico para quienes viajan a Mar del Plata. Un automóvil que realice este recorrido ida y vuelta 25 días al mes deberá afrontar $8.760.000 anuales en peajes, mientras que un camión similar superará los $36.720.000.
Comparaciones desventajosas
Un análisis comparativo con otros accesos viales al área metropolitana revela la desproporción en las tarifas. Mientras que en el Acceso Norte un automóvil paga $900 para un trayecto de 65 km, en la Autopista Buenos Aires-La Plata el costo se eleva a $4.000 para 58 km, un valor casi cinco veces superior.
Asimismo, los costos para camiones de más de seis ejes también son significativamente más altos, alcanzando $24.000 en el caso de la autopista administrada por AUBASA, frente a los $4.200 que se abonan en el Acceso Norte.
Denuncias por falta de regulación
Diversos sectores critican que los ajustes tarifarios carecen de fundamentos técnicos o económicos claros y señalan su carácter confiscatorio. Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) destacan la ausencia de un marco regulatorio o un ente de control que proteja los derechos de los usuarios, calificando el sistema como «abusivo, injusto e inconstitucional».
Además, denuncian que los ingresos generados no se traducen en mejoras de infraestructura vial, ya que las principales obras se financian con recursos estatales o créditos externos.
Impacto social y económico
Este constante incremento en los costos de transporte genera un efecto en cadena, elevando los precios de bienes y servicios esenciales y perjudicando tanto a los usuarios directos como a la economía en general.
Mientras tanto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la empresa concesionaria AUBASA enfrentan crecientes cuestionamientos por la falta de transparencia y razonabilidad en sus políticas tarifarias.
Un sistema en crisis
La implementación del denominado «falso peaje o impuesto al tránsito» ha provocado un profundo malestar entre los usuarios, quienes ven vulnerados sus derechos por un régimen que, según especialistas, carece de lógica económica y viola principios básicos de razonabilidad y equidad.
El silencio de las autoridades responsables y la ausencia de medidas concretas para mitigar este problema solo incrementan la indignación de la sociedad, que exige soluciones ante un sistema que consideran insostenible.
