La propuesta supera por casi 10 puntos la inflación proyectada por el Gobierno nacional, situada en un 18,3%. Sin embargo, entidades del sector rural sostienen que el alza real podría alcanzar el 34%, debido a un ajuste adicional del 5% basado en la normativa anterior.
El año pasado, las discusiones legislativas otorgaron un aval para un incremento de hasta el 200%, pero los productores agropecuarios denunciaron que, en algunos casos, los aumentos reales llegaron al 500%. Este antecedente ha generado un rechazo anticipado de la nueva propuesta por parte de sectores agrarios, que cuestionan, además, la eliminación de descuentos por buen contribuyente y pago electrónico, los cuales representaban alrededor del 15% de bonificación.
En respuesta a las críticas, el ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez, aseguró que ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires) volverá a implementar bonificaciones para contribuyentes que cumplan con el pago en tiempo y forma, así como para partidas cuitificadas. El esquema propuesto por el gobernador Axel Kicillof prevé aplicar un coeficiente de 16,2065 sobre la valuación fiscal de la tierra sin mejoras, estableciendo un límite de bonificaciones que no podrá superar el 35% del impuesto.
El debate entre las autoridades provinciales y las entidades ruralistas sigue centrado en el impacto del incremento propuesto y en las bases imponibles de las parcelas. Para los productores, el ajuste fiscal puede representar un nuevo desafío económico, sobre todo considerando el precedente de la actualización de valores aplicada el año anterior, que incluyó variaciones diferenciadas entre el impuesto urbano y el rural.
