Alfredo Paseyro, coordinador de la Mesa Nacional del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), le expresó a TN su preocupación por la demora en el tratamiento del proyecto de ley de "Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador" que busca generar US$100 mil millones anuales en exportaciones de cara al 2030.
"La novedad es que se incluyó el proyecto en extraordinarias pero la posibilidad que tenga tratamiento es baja o nula" , contó.
El poder Ejecutivo lo colocó en el orden de tratamiento 17 del listado de los 27 proyectos que podrán ser discutidos durante el período de sesiones extraordinarias. La actividad comenzó el pasado lunes 23 de enero y finalizará el próximo 28 de febrero.
"Este proyecto tiene entrada parlamentaria, aunque no creo que tenga tratamiento. Son bajas las probabilidades. Estamos en conversaciones con los gobernadores, y los diputados Marcelo Casaretto (PJ-FdT) y Ricardo Buryaile (UCR-JxC)", explicó.
"Es importante que se trate para las futuras inversiones del país. Aunque hoy todo pasa por el juicio a la Corte. La gestiones se siguen haciendo. Si no se trata este año al no haber tenido dictamen, se puede presentar el año que viene", sostuvo Paseyro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos.
"El proyecto tiene cinco o seis incentivos claros orientados al productor. A partir de los efectos de la sequía, sería muy bueno que cuente con estos incentivos para que se recupere en al próxima campaña. Lamentablemente, no creo que tenga probabilidades. La sequía dejo secuelas en la gruesa y este proyecto sería un paliativo, un fomento a la inversión, una genuina respuesta a la producción", afirmó.
En la nota enviada a los gobernadores, explicaron que el objetivo de la iniciativa es lograr el incremento de la inversión y el empleo, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas y/o redes de valor agroindustriales, mediante una mayor industrialización, entre otros aspectos.
En caso de aprobarse, la norma tendrá vigencia por 10 años, con posibilidades de extender el plazo por parte del Poder Ejecutivo.
La adhesión del inversor y/o productor es voluntaria y se crea una Ventanilla Única Digital de adhesión, a fin de evitar burocracia. Los controles son a ejercicio fiscal finalizado.
El adherente se asegura la estabilidad en los beneficios por el término de la vigencia del Régimen. Quienes adhieran sólo deben cumplir con la incrementalidad de al menos uno de estos indicadores:a) Volumen de ventas;b) Volumen de producción física;c) Volumen de exportaciones físicas;d) Cantidad de personal ocupado;e) Inversiones realizadas.Los beneficios previstos para las nuevas inversiones serán la amortización acelerada en dos cuotas iguales anuales, a los fines del Impuesto a las Ganancias, para todo tipo de bienes muebles o inmuebles que impliquen ampliación de capacidad productiva, mejora en las condiciones laborales, conservación y mantenimiento de bienes de uso amortizables, etc.
Por, ejemplo todas las inversiones en equipamiento para riego y mejor aprovechamiento del agua, en momentos de sequía.También se prevén beneficios para la valuación de la hacienda, principalmente de invernada y/o engorde a corral, que podrán optar por valuar sus existencias por los métodos descriptos en la ley, sin tener que tributar por beneficios que no lograron obtener por cuestiones climáticas.
También se prevé que el saldo a favor técnico por inversiones en bienes de uso, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sea devuelto en el plazo máximo de 3 años. Asimismo, se contemplan beneficios para quienes estén gravados con una alícuota inferior a la general.
También se crea el "Sistema de Promoción Agroindustrial para la Producción Sostenible" integrado por cuatro programas de promoción dirigidos a) al incremento en el uso de semillas fiscalizadas de especies autógamas de producción nacional; b) dar estímulos a la producción sustentable a través de la promoción del uso de insumos, fertilizantes y todo otro tipo de bienes; c) incrementar la productividad de la ganadería y d) la adopción de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad. Los beneficiarios tendrán un crédito fiscal equivalente al 50% de sus erogaciones.
