El sector agropecuario argentino se plantó firmemente contra la normativa antideforestación de la Unión Europea (EUDR, por sus siglas en inglés), al considerar que afecta la soberanía nacional y la competitividad de las exportaciones. En un encuentro clave con el Gobierno nacional, diversas entidades del agro expresaron su preocupación por el impacto que tendrá la medida sobre la producción y el comercio exterior del país.
Reunión clave con el Gobierno
La reunión se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y contó con la participación de funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente. Durante el encuentro, las entidades agropecuarias entregaron un documento con argumentos detallados sobre el rechazo al EUDR, señalando que la normativa:
Fue impuesta de manera unilateral por la UE, sin considerar las políticas ambientales y productivas de Argentina.
Desconoce las normativas locales y vulnera derechos de productores, industriales y exportadores.
Podría generar barreras comerciales y pérdidas económicas significativas para el país.
Pedido de suspensión y modificaciones urgentes
El agro argentino exige que la normativa no entre en vigencia y, en caso de que esto no sea posible, solicita modificaciones para minimizar su impacto en la producción y exportación nacional. Además, se pidió que no se amplíe la lista de ecosistemas ni productos afectados en el futuro.
Mientras se avanza en las negociaciones, diversas entidades del agro trabajan en esquemas de trazabilidad y cumplimiento para evitar pérdidas de mercados internacionales, aunque sin que esto implique aceptar el reglamento europeo.
El Gobierno apoyará al agro en la negociación
Las instituciones del sector encontraron eco favorable en el Gobierno, que se comprometió a impulsar negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento Europeo. Se acordó también mantener una mesa de trabajo para hacer un seguimiento de los avances en estas gestiones.
Las entidades que participaron
El rechazo al EUDR fue expresado por una amplia representación del sector agropecuario, entre ellas:
Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO.
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC).
Asociaciones como CREA, Aapresid, ACSOJA, MAIZAR, ASA y CARBIO, entre otras.
Con este fuerte posicionamiento, el agro argentino busca frenar una normativa que podría impactar gravemente en la competitividad de sus exportaciones y en la soberanía productiva del país.
