En una decisión que ha generado gran controversia en la comunidad de Azul, Buenos Aires, el municipio aprobó la implementación de una nueva "tasa de servicios esenciales", enfrentándose a la oposición firme de productores rurales y urbanos. La Federación Agraria Argentina (FAA) y otras entidades representativas han expresado su disconformidad, calificando la medida como un "impuestazo" y advirtiendo sobre sus presuntos "vicios de inconstitucionalidad".
Protestas y Descontento en la Comunidad
El martes pasado, una concentración en el veredón municipal marcó el clímax de las protestas. La manifestación, convocada por la Mesa de Enlace Local, incluyó a representantes del Centro Empresario de Azul (CEDA), la Filial Cacharí Parish de la FAA, la Sociedad Rural de Azul, la Sociedad Rural Argentina (SRA), y numerosos vecinos. Aníbal Chiramberro, director del Distrito 10 de la FAA, y autoridades de Carbap y la SRA estuvieron presentes, reflejando la amplia gama de opositores a la nueva tasa.
Un Voto Decisivo y Polémico
La aprobación de la tasa se definió en una votación ajustada, con 17 votos a favor y 16 en contra. La presidenta del Concejo Deliberante tuvo que ejercer su doble voto para desempatar la situación, un hecho que ha intensificado el descontento de los opositores.
El Impuesto en Detalle
La nueva tasa, que se calculará en litros de gasoil y se actualizará mensualmente, ha levantado dudas sobre la claridad en la contraprestación de los servicios que busca cubrir. Según Chiramberro, la naturaleza y el método de cálculo de este impuesto presenta graves fallas legales y falta de transparencia.
Acciones Legales en Curso
Ante esta situación, representantes de las entidades de la Mesa de Enlace Local han anunciado que iniciarán acciones legales contra el municipio de Azul. Estas acciones buscan confrontar lo que consideran una medida inconstitucional y perjudicial para la comunidad de propietarios urbanos y rurales.
La aprobación de la "tasa de servicios esenciales" en Azul ha abierto un frente de conflicto entre el municipio y un sector significativo de la comunidad. La determinación de los productores y entidades representativas de iniciar acciones legales es un claro indicativo de la magnitud del desacuerdo y la preocupación por el impacto de este "impuestazo" en la economía local.
