Las provincias tabacaleras no descartan realizar una presentación judicial ante la prohibición del Ministerio de Salud de la Nación de importar y comercializar productos de tabaco calentado.
En ese sentido, la diputada nacional (Frente de Todos-Jujuy) Carolina Moisés solicitó al Ministerio de Salud de la Nación, la derogación de la Resolución 565/2023 por la que se prohíbe la importación, distribución, comercialización, publicidad y cualquier modalidad de promoción y patrocinio en todo el territorio argentino de los denominados "productos de Tabaco Calentado".
En dos cartas enviadas a la ministra de Salud, Carla Vizzotti y a la jefa de la Unidad Gabinete de Asesores, Sonia Tarragona, Moisés expresó su "profunda preocupación y sorpresa" por la medida adoptada "sin consulta previa tanto a los distintos sectores socioeconómicos involucrados" como "a los referentes políticos que venimos defendiendo activamente la promoción de las economías regionales como motor del crecimiento y del empleo".
"La resolución afecta directamente el empleo y la actividad económica y carece de toda razonabilidad y proporcionalidad con los propios fines de salud pública que enuncia", fundamentó la legisladora, quien además agregó que "los productos de tabaco calentado reducen el riesgo sanitario frente al consumo tradicional de tabaco, en comparación con las otras modalidades habilitadas por la autoridad pública, como los cigarrillos y cigarros que son de tabaco encendido y en combustión".
Moisés expresó que "de haber sido consultados, hubiéramos podido exponer que el sector tabacalero está constituido por más de 150 mil pymes con unos 50 mil productores primarios agrupados en más de 10 cámaras y cooperativas provinciales -que nuclean los intereses de los que producen, procesan y revenden la materia prima-, 100 empresas de venta mayorista y distribución y 100 mil kioscos que se ven sumamente afectados por esta decisión".
