La Comisión Europea se puso firme y lanzó un contundente mensaje hacia las empresas que operan dentro y fuera de sus países.
El mismo reza que si no cooperan en la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades, se les dificultará acceder y operar en el mercado europeo, el más poderoso del mundo por población (casi 450 millones de habitantes) y poder adquisitivo, según precisaron.
Una de las señales más claras está dirigida a la industria del motor. Por ejemplo, Bruselas ha propuesto que a partir de 2035 no se puedan vender turismos ni furgonetas nuevos que emitan dióxido de carbono, lo que en la práctica significa vetar los motores de gasolina, diésel, gas e híbrido.
La Comisión se alinea así con lo que ya estaban proponiendo algunos países -España en su nueva ley de cambio climático había fijado ese veto para 2040-, con lo que varias firmas europeas, como Volvo o Volkswagen, habían puesto sobre la mesa y con las preferencias que están mostrando en gran medida los consumidores. La medida es un mensaje a los fabricantes europeos para que aceleren su transformación hacia el coche eléctrico y una advertencia a las firmas de fuera para que cambien si quieren seguir haciendo negocio en Europa.
Aunque importante, el veto a los coches de combustión no es la única medida que ha puesto sobre la mesa este miércoles la Comisión. Bruselas, de hecho, se ha convertido en la capital mundial de la lucha contra el cambio climático con la aprobación de los primeros proyectos legislativos para acelerar drásticamente la reducción de emisiones de efecto invernadero durante esta década. Europa fue el primer continente que se marcó el objetivo de lograr la neutralidad climática (cero emisiones) en 2050 y ahora se adelanta al resto de la comunidad internacional en la fijación de las primeras medidas concretas para alcanzarlo. El plan, bautizado con el estrambótico nombre en inglés de Fit for 55 (en forma para el 55, en inglés), incluye también el objetivo de duplicar las energías renovables hasta alcanzar el 40% de cuota en 2030, la fijación por primera vez de objetivos obligatorios de eficiencia energética y el endurecimiento de las condiciones del mercado de emisiones para elevar el precio de la tonelada de CO. Además, se obliga al sector del transporte y al de la vivienda a crear su propio mercado de emisiones. Todo ello se complementa con un mecanismo de ajuste en fronteras que a partir de 2026 penalizará las importaciones en ciertos sectores de compañías cuya producción no se ajuste a los estándares europeos de limpieza.
"La economía de los combustibles fósiles ha llegado a sus límites", ha sentenciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la aprobación de toda una batería de propuestas legislativas. "Queremos dejar a la próxima generación un planeta saludable y también buenos empleos y un crecimiento que no dañe a la naturaleza", ha añadido la dirigente europea. "Las metas climáticas ya no son solo un objetivo político, sino también una obligación legal", ha afirmado la presidenta de la Comisión.
Transporte
Entre los cambios más visibles figura la prohibición de coches con motor de combustión a partir de 2035. Para que no se le tilde de premiar una tecnología sobre otra, la Comisión utiliza como referencia las emisiones de CO -el principal gas de efecto invernadero de los vehículos. En 2030, los turismos que se vendan deberán emitir un 55% menos de este gas (tomando como referencia las emisiones actuales). Para 2035, la reducción deberá ser del 100%, con lo que ya no podrán venderse coches nuevos y furgonetas de combustión. Los vehículos que ya estén en circulación podrán seguir en activo.
La apuesta por el vehículo eléctrico o con el combustible de hidrógeno -pensando en camiones y transporte aéreo y marítimo- llega acompañada de objetivos para desarrollar la imprescindible infraestructura de repostaje. El proyecto legislativo fija que a partir de 2035 se disponga de un puesto de recarga de electricidad cada 60 kilómetros en las principales vías. Y cada 150 kilómetros en el caso del hidrógeno.
El transporte y la vivienda, además, se incorporarán a un nuevo mercado de emisiones, en el que participarán las compañías que suministran energía a esos sectores. Bruselas espera que la fijación de un precio de las emisiones de CO en esas actividades contribuya a su reducción, dado que las empresas previsiblemente trasladarán el nuevo coste al consumidor final. La Comisión considera imprescindible la medida para acelerar la reducción en sectores de los que proceden gran parte de las emisiones.
