El Gobierno de Santa Fe y las autoridades de la empresa Vicentin tendrán la posibilidad de encontrar una solución conjunta a la controversia sobre la administración de la compañía en una audiencia de conciliación convocada por el juez Fabián Lorenzini.
El juez aclaró que la reunión conciliatoria a la que convocó se realizará "sin perjuicio de la continuidad del presente trámite incidental", que la semana pasada elevó a la Cámara de Apelaciones de Reconquista.
A través de la IGPJ, el Gobierno de Santa Fe solicitó al juez que desplace al directorio de Vicentin de la administración de la empresa y la otorgue -durante la extensión del concurso- a tres interventores, dos designados por el Poder Ejecutivo Nacional y otro por la provincia.
Lorenzini rechazó el planteo santafesino y mantuvo al directorio de Vicentin en la gestión de la empresa, que afronta un concurso con un pasivo de casi $100 mil millones, entre acreedores comerciales y financieros.
Frente a los planteos de nulidad y apelaciones interpuestos por el Gobierno nacional y el santafesino, así como por la propia empresa, el juez elevó la semana pasada esos recursos a la Cámara de Reconquista, que deberá resolverlos.
Según voceros judiciales, es posible que al menos uno de los integrantes del tribunal de alzada deba excusarse, por lo que deberá ser designado un nuevo integrante para su conformación, lo que extendería los plazos de resolución del conflicto.
En otro orden, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió esta semana que se ordene la inhibición de bienes a empresarios de Vicentin y exdirectivos y gerentes del Banco Nación, además de su extitular durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga, en la causa penal que investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma por parte de la entidad bancaria.
En un dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, el fiscal pidió que se disponga la inhibición general de bienes a González Fraga, al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a otros 24 investigados; entre ellos los ex miembros del Directorio del Nación y de su planta gerencial y empresarios, según el dictamen al que accedió Télam.
También, pidió la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin y Algodonera Avellaneda y que se dicte la "prohibición de innovar sobre su composición accionaria".
En tanto, el jueves pasado organizaciones sindicales, políticas y sociales se movilizaron en caravana en Rosario y Córdoba, entre otras localidades, en apoyo a la intervención del Gobierno nacional en la compañía; mientras otros sectores lo hicieron en contra.
Los representantes de más de 30 organizaciones comenzaron la jornada coordinada por el Sindicato de Aceiteros local con una concentración en la plaza San Martín, ubicada frente a la sede gubernamental de Rosario; y, posteriormente, se dirigieron a la Terminal del Puerto Rosario en una caravana que terminó en el Monumento Nacional a la Bandera.
En Córdoba, el Frente de Todos encabezó la "caravana ciudadana y popular en apoyo al presidente Alberto Fernández y al Gobierno nacional y popular" con una movilización en autos que comenzó en Parque Sarmiento y concluyó en adyacencias de la Casa de Gobierno provincial con un "bocinazo".
