La Cámara de Senadores de Santa Fe trató sobre tablas y aprobó un proyecto del legislador por Las Colonias y presidente provisional del Senado, Rubén Pirola, que busca dar respuesta a los reclamos de seguridad rural y permita a la justicia contar con una estructura y una organización especializada en la investigación y persecución de los delitos rurales que se cometen en la provincia de Santa Fe.
El Instituto dependerá del Ministerio Público de la Acusación, y ejercerá sus funciones en el ámbito territorial de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia y en relación a los hechos delictivos que se consideren cometidos en el ámbito rural y para aquellos hechos tipificados en el Código Penal, en los artículos 163°, inc 1); 167° ter; 167° quater; 167° quinque; 206°; 248° bis; 277° bis; 277° ter y 293° bis.
Pirola agradeció el acompañamiento de sus pares y recordó que cuando hace dos años presentó la iniciativa no se lograron los consensos. Hoy se lograron las coincidencias producto también que el delito rural alcanzó ribetes de violencia importantes que generan daños y perjuicios no sólo en lo económico sino que impacta también en la salud con el abigeato, en la educación con los daños a las escuelas y genera también un desarraigo importante de la población.
La iniciativa del senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola (PJ-NES) establece que "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales" dependerá directa y exclusivamente del Fiscal General, de acuerdo con el Reglamento de Agencias y Unidades Fiscales Especiales dependientes del Fiscal General, Resolución N° 036/2015, quien determinará la sede o asiento de la misma en cada una de las cinco circunscripciones judiciales y establecerá la cantidad de Fiscales y Fiscales Adjuntos que las integrarán, previo asesoramiento de la Junta de Fiscales.
Los Fiscales y Fiscales Adjuntos de la "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales" tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal pública de acuerdo a las previsiones de la Ley 13013, las instrucciones del Fiscal General y la distribución del trabajo que se establezca.
Fundamentos
El proyecto de ley tiene por objeto proponer la creación de la "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales", en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, a los efectos de contar con una estructura y una organización judicial especializada en la investigación y persecución de los delitos rurales que se cometen en la provincia de Santa Fe.
Pirola señala que el delito rural no tiene las mismas características que el delito urbano, especialmente por la clara diferencia del terreno en que opera, que por dimensión y extensión se hace difícilmente controlable.
Es una realidad que los delitos rurales han recrudecido en el país y en nuestra provincia y que cada vez adquieren connotaciones más peligrosas, sobre todo para los habitantes de zonas rurales, por la violencia y la fuerza empleadas o uso de armas en su comisión.
Por otra parte, resulta claramente comprensible la importancia económica que significa el sector agropecuario en el PBI de la provincia y los daños y perjuicios que se derivan de la comisión de los delitos rurales, que no sólo impactan en la economía del sector y de la provincia, sino también en cuestiones de salud pública por el faenamiento y la comercialización ilegal de carne en el caso del abigeato, así como el desaliento de la continuidad productiva o el desarraigo de la población rural ante la creciente inseguridad en que viven.
Bandas rurales
El senador Pirola agrega que se advierte que muchos delitos rurales se cometen a través de bandas organizadas, con inteligencia previa y manejo de recursos materiales, que vuelve más compleja y dificultosa la intervención de los organismos policiales y judiciales, por lo que se requiere una mayor consideración de la cuestión en las actuales estructuras jurisdiccionales y una mayor especialización para su prevención, investigación y persecución.
En otras provincias ya se ha avanzado en la cuestión, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, con la creación de fiscalías especializadas y patrullas rurales, en la provincia de Chaco con la Ley 6096, sancionada en el año 2007 que instrumenta la intervención de los Fiscales de Investigación Rural y Ambiental o la provincia de Corrientes, que por Ley 5691, en el año 2006, crea la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental.
En este sentido consideró, Pirola que la creación de una "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales", en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, constituirá una herramienta adecuada y útil para enfrentar la problemática del delito rural.
