Las Sociedades Rurales de Río Cuarto y de Vicuña Mackenna, la Asociación Civil de Transportistas de Achiras y el Consorcio Caminero N° 158 (también de Achiras) presentaron este lunes ante el juzgado federal de Río Cuarto una demanda de inconstitucionalidad contra las medidas tomadas por el Gobierno de San Luis que permiten el libre tránsito entre esa provincia y Córdoba.
En la presentación, patrocinada por los abogados Antonio María Hernández (padre e hijo) y Javier Quiroga Contreras, las entidades mencionadas también le solicitan al juez que "disponga una medida cautelar innovativa" en la que le ordene al gobernador de San Luis, Alberto Rodrígez Saá "la inmediata apertura de la Ruta provincial 30, de los caminos vecinales y de la Ruta nacional 8".
De acuerdo con el documento, las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo de San Luis con el argumento de proteger a la población de la pandemia de Covid-19 "lesiona con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta los derechos constitucionales de entrar, permanecer y transitar, usar y disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comerciar y profesar libremente el culto".
Los abogados en el ingreso al juzgado de Río Cuarto.
La presentación está acompañada de cartas redactadas por los intendentes de Chaján y de Achiras, localidades cercanas a San Luis, que mencionan los perjuicios que sufren sus poblaciones por estos piquetes.
También por imágenes que muestran los diferentes bloqueos impuestos por la administración puntana y que se reproducen en esta nota.
Casos
El texto judicial cita varios ejemplos concretos de los piquetes y sus perjuicios a la población:
-Ruta provincial 30. Une La Punilla (San Luis) con Río Cuarto, y su bloqueo implica problemas graves para esas localidades y otras como Achiras y Vicuña Mackenna.
-Caminos vecinales. Los que vinculan a ambas provincias son mantenidos por el Consorcio Caminero 158 y tienen terraplenes levantados en el límite interprovincial. "Y aún más, en un regreso sin escalas al Medioevo, incluso se ha cavado una zanja en algunas zonas para impedir todo paso", señala la demanda.
-Ruta 8. El tránsito en esa carretera está bloqueado, lo que afecta de manera directa a los pobladores de localidades como Sampacho, Suco y Chaján de Córdoba, que tienen especial vinculación Villa Mercedes (San Luis).
Reclamo
"La emergencia no está por encima de la Constitución ni la suspende. La restricción de derechos debe ser razonable para no destruirlos. Esa es la esencia de nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho. Y eso debe ser garantizado por los Jueces de la Nación", subraya la denuncia.
También hace hincapié en que las medidas tomadas por San Luis, además de los "piquetes" en los accesos, incluyen disposiciones sanitarias muy difíciles de cumplir y que no tendrían una razón científica.
A modo de ejemplo, citan que se dictó un protocolo que restringe el ingreso a San Luis diferentes opciones como son la cuarentena de 14 días o un hisopado, que además son a cargo de las personas afectadas. Además, p ara la circulación interna dentro de la provincia existe un permiso especial, el cual caduca una vez que se egresa de la provincia, y nuevamente comienza el ciclo, para luego nuevamente ingresar.
"Claramente subyace lo inviable de esta metodología dado los tiempos que requiere la actividad agropecuaria, que produce en ciclos biológicos, que necesitan, en épocas determinadas, monitoreo e intervenciones constantes, diarias e intensivas", remarca la demanda.
Asimismo, recuerda que la actividad agropecuaria el riesgo de transmisión es bajo porque no es necesaria la concentración de personal y no se está en contacto directo ni masivo con poblaciones cercanas, además de que es una actividad que se realiza al aire libre con gran distanciamiento entre los operarios.
Adicionalmente, en el caso de los transportistas, los obligan a recorrer 120 kilómetros desde La Punilla hasta Santa Rosa del Conlara o hasta Villa Mercedes para realizar una desinfección exterior de sus vehículos, "de dudosa efectividad, con costos exorbitantes en relación a las tarifas de sus fletes y esfuerzos injustificados, que producen perjuicios económicos y enorme consumo de tiempo".
Hasta la Iglesia
En otro párrafo, el documento compara lo que está sucediendo con el Muro de Berlín, al señalar que el Gobierno de San Luis "realizó zanjas de más de un metro de profundidad, a modo de cortinas de hierro (N. de R: uno de los motes con que se designaba al Muro) en el límite provincial, con el fin de impedir el paso de personas por cualquier medio a través del interior de los establecimientos rurales situados entre ambas provincias".
"Actualmente personas desesperadas cruzan como pueden, incluso por el interior de los propios campos a pie, en bicicleta, a caballo, dejando sus vehículos en el límite, por medio de caminos improvisados que cabe destacar son absolutamente inseguros, riesgosos y costosos por la cantidad de kilómetros que en muchos casos tienen que recorrer para llegar a sus destinos", menciona la demanda.
Y subraya que no se trata de un problema solo para el agro. Ejemplifica que un enfermero o un profesional que vivan en alguna localidad limítrofe de Córdoba no pueden ir a prestar sus servicios a otro pueblo que esté cercano.
El caso más emblemático en este contexto es "el ataque directo a la libertad de culto en la zona rural de La Punilla con la Iglesia del Cuadrado, la que ha sido literalmente bloqueada con un terraplén por las autoridades puntanas, y cuyo párroco, el padre Mario Mendoza es residente de la localidad de Achiras".
