La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa se declaró en estado de alerta y movilización en el marco del conflicto que suscitó la decisión del Gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentin, que hoy se encuentra en suspenso por una decisión judicial que rebajó a la función de "veedores" a los interventores nombrados por Alberto Fernández.
La decisión de la entidad que nuclea a representantes del sector agropecuario se tomó tras una sesión virtual de más de 3 horas que presenciaron ayer más de ochenta delegados de Carbap.
"Ante el creciento malestar e incertidumbre que han generado las medidas adoptadas por el gobierno que atentan contra la propiedad privada y el normal desarrollo de la actividad económica y productiva en el país, el Consejo Directivo se declaró en Alerta y Movilización, y con sesión permanente", señalaron en un comunicado.
En ese sentido, señalaron que "muchos delegados y presidentes de asociaciones rurales se mostraron sorprendidos por el recurrente incumplimiento de la palabra empeñada a la sociedad argentina en su conjunto por parte del presidente de la Nación Alberto Fernández".
Dicho incumplimiento radica, según Carbap, en que "se había comprometido en varias ocasiones a trabajar para lograr consensos y evitar enfrentamientos innecesarios en el seno de la comunidad, habiéndose experimentado las consecuencias negativas de la disputa del 2008".
Por último, señalaron que "se esperaban otras señales por parte del Gobierno nacional, que permitieran cerrar heridas abiertas de enfrentamientos innecesarios".
