A partir de julio del 2020, los extranjeros que viven al menos 60 días al año en Uruguay y compran bienes inmuebles valorados en más de 3,5 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación, actualmente equivalentes a US$378.000, calificarán para la residencia fiscal. Las nuevas personas que llegan al país también pueden obtener la residencia invirtiendo más de 15 millones de UI (que es la unidad de contabilidad de Uruguay) en un negocio que cree al menos 15 empleos a tiempo completo.
El Gobierno del presidente, Luis Lacalle Pou, que asumió el cargo el 1 de marzo, busca inversiones extranjeras para ayudar a revivir una economía que según el Banco Mundial se contraerá en 3,7% este año. Los puntos de venta de Uruguay ofrecen una relativa estabilidad y tienen una baja tasa de criminalidad.
No obstante, el crecimiento fue mediocre incluso antes del brote de coronavirus local, con un PIB que se ha expandido solo 1,3% al año en promedio desde 2015 en medio de una caída en los precios de los productos básicos y una baja en la inversión.
Tal y como están las cosas ahora, los extranjeros pueden obtener la residencia fiscal al pasar más de 183 días al año en Uruguay o hacer si hacen inversiones en bienes raíz o negocios superiores a 15 millones de UI y 45 millones de UI, respectivamente.
La UI es una unidad de contabilidad creada en Uruguay en 2002 durante un período de alta inflación que se ajusta diariamente al peso uruguayo. Actualmente vale 4,6414 pesos. Si bien el decreto de Lacalle Pou reduce las barreras de presencia financiera y física para la residencia, los cruces fronterizos, aeropuertos y puertos de Uruguay permanecen cerrados al tráfico de pasajeros en un esfuerzo por evitar la propagación del coronavirus.
