Alberto Fernández analiza seriamente una propuesta que le acercaron diversos fondos de inversión tenedores de títulos públicos locales, para reestructurar la deuda emitida fuera del país, varios de ellos enlistados dentro de los más importantes del mundo.
La base de la idea que se analiza desde hace semanas es que no habrá quitas en el capital adeudado, pero sí extensiones importantes en los tiempos de los vencimientos y aire para las cancelaciones en los primeros años del plan de pagos.
Según lo que se evalúa dentro del grupo de colaboradores económicos del vencedor en las PASO, un acuerdo de este tipo no necesitaría de una ley para aplicarse ya que se trata del repago de deuda ya existente, y sin la necesidad de emitir nuevos bonos.
Las conversaciones continuarán hasta las elecciones presidenciales del 27 de octubre, y sería uno de los primeros anuncios de Alberto Fernández en el caso de ser electo presidente.
El nuevo verbo que se utilizará para la operación es la "reconformación" de la deuda y una de las condiciones para que desde la oposición se aceptara la idea, es que no figure en ningún momento la obligación de emitir nuevos títulos públicos sino reprogramar los pagos de los bonos vigentes.
Una alta fuente del albertismo explicaba las negociaciones bajo la siguiente premisa: "La idea que trajeron los fondos de inversión es muy razonable y viable. Se basa en el ofrecimiento de alargar los tiempos y acotar la presión inmediata. Los fondos reconocen, avalan y respetan lo que siempre defendimos: que primero se debe crecer, para luego tener la capacidad de pago suficiente para garantizar que los vencimientos se cumplirán. Es lo que hicimos cuando fuimos gobierno y volveremos a hacer".
La oferta fue llevada ante Alberto Fernández por los mismos acreedores, con el aval de los bancos internacionales que más relación mantuvieron con el Gobierno de Mauricio Macri; y que ahora quieren participar de la megaoperación que se viene con la segura renegociación de la deuda externa privada argentina emitida bajo legislación extranjera.
Esta abarca aproximadamente unos u$s100.000 millones, de los cuales unos u$s24.000 millones (u$s15.000 M de capital y u$s9.000 de intereses) tienen vencimiento durante 2020 y que representan los compromisos más urgentes para renegociar.
Según el peligroso cronograma de 2020, y sumando todos los vencimientos de deuda (privada y pública, letras y bonos y emitida bajo jurisdicción internacional y local) en los primeros cuatro meses del próximo año se debe pagar unos u$s26.000 millones.
Como muestra de la gravedad de la situación, en abril vencerá el pago de unos u$s1.770 millones de intereses del Discount 2033, un título emitido en el canje de deuda lanzado por el Gobierno de Néstor Kirchner en 2005. Y, si no se pagara este bono, todo el programa de la operación volvería atrás y Argentina debería volver a contabilizar el 100% de la operación, se haya pagado o no.
Este panorama dramático fue entendido tanto por la oposición con potencial real de llegar al gobierno desde octubre, como por los propios acreedores. Estos vienen reuniéndose con Alberto Fernández en persona desde hace varios meses. Aún antes de que el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner se convierta en el candidato oficial del justicialismo.
De hecho, a fines de marzo el emblemático fondo Templeton tuvo un encuentro en la oficina de un bróker local con el propio Fernández, con la intención de tender puentes con la (en ese momento) potencial candidata a la presidencial Cristina Fernández de Kirchner. Luego, ya con Alberto Fernández como cabeza de fórmula, se aceleraron encuentros con todos los fondos y bancos de inversión con intereses en el país, comenzando por BlackRock y PIMCO.
Antecedentes
Luego de la victoria de las PASO del 11 de agosto, las solicitudes de encuentros hacia Alberto Fernández y sus economistas se multiplicaron, incluyendo invitaciones (ignoradas desde Buenos Aires) a viajar a Wall Street para megaencuentros con acreedores varios.
Luego, y contemporáneamente al viaje del candidato a presidente por Madrid de comienzos de septiembre la idea de una "reconformación" de la deuda emitida bajo jurisdicción internacional fue tomando forma hasta llegar a la maduración de las últimas horas.
Hubo algo del discurso de Fernández que desde el primer momento atrajo a los acreedores. El exjefe de Gabinete siempre aseguró que la intención era reconocer todas las deudas contraídas durante el Gobierno de Macri, incluyendo tanto las derivadas con el stand by con el FMI como las colocaciones voluntarias de deuda privada en los mercados locales y mundiales.
Fernández siempre argumentó que la situación actual de la deuda externa no puede ser relacionada con la de diciembre de 2001, mencionando que la declaración del default unilateral en la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá incluía un conjunto de bonos que en un gran porcentaje habían sido contraídos durante la última dictadura militar, con lo que se justificaba políticamente una negociación amplia y dura.
Por el contrario, la nueva deuda fue contraída por un gobierno democrático asumido con el voto popular y luego del canje de deuda más grande de la historia mundial, protagonizado en dos etapas del kirchnerismo. Este pasivo tiene, a los ojos del albertismo, una legitimidad muy diferente que la del anterior default.
Ante esta realidad, la premisa es respetar la deuda privada y bajo ningún punto de vista negarla. Esto incluye le respeto del 100% de la emisión, descartando quitas. Pero siempre asegurando que la negociación se haría de manera voluntaria y contando con la "buena fe" de las partes.
Alberto Fernández también tiene en mente una propuesta parecidar para el FMI: una negociación similar a la que en 2003, el tandem del entonces ministro Roberto Lavagna y su vice Guillermo Nielsen mantuvieron con el titular del organismo, Horst Kohler. Ese acuerdo, cerrado en septiembre de ese año, implicó una extensión de los plazos sin la toma de nueva deuda del organismo.
Por Carlos Burgueño
