Retenciones en suspenso: el campo se inquieta ante el retorno de la presión fiscal

A medida que se acerca el fin del decreto que redujo de forma transitoria los derechos de exportación, en el sector agropecuario se multiplican las señales de alarma. La expectativa inicial de una continuidad en la rebaja o, incluso, su eliminación definitiva, fue reemplazada por una creciente incertidumbre. El anuncio del presidente Javier Milei sobre la vuelta a los niveles anteriores encendió las alertas justo cuando comienza a definirse la campaña fina.

En las zonas productivas, la lectura generalizada es que las señales oficiales resultan ambiguas y no brindan la previsibilidad que el agro necesita para planificar. Se reconoce que el Ejecutivo tiene facultades constitucionales para vetar una ley, pero se espera una estrategia más coherente entre los distintos poderes del Estado. Mientras tanto, se observa con atención el avance de proyectos en el Congreso que buscan limitar futuras subas de retenciones.

La campaña de trigo, primera víctima de la incertidumbre

El trigo se perfila como uno de los cultivos más afectados por la indefinición. Con reservas hídricas aceptables en varias regiones, la intención de siembra era elevada. Sin embargo, la posibilidad de que los derechos de exportación vuelvan al 12% introduce una variable de riesgo que muchos productores no están dispuestos a asumir. En este contexto, el área sembrada podría verse recortada, lo que impactaría en la producción nacional y, en consecuencia, en el ingreso de divisas.

Los cálculos del sector privado sostienen que eliminar las retenciones al trigo no representaría un golpe fiscal significativo. Por el contrario, el estímulo a la producción generaría un círculo virtuoso de mayor actividad, empleo y recaudación por otros canales.

Una política agropecuaria sin conducción definida

Otro de los puntos que genera malestar es la débil institucionalidad del área agropecuaria dentro del gabinete nacional. La degradación del Ministerio a Secretaría, sumada a la falta de un interlocutor con peso político, ha debilitado el vínculo entre los productores y el Gobierno. Se percibe que las decisiones se toman sin consulta previa ni diálogo con los actores de la cadena.

Además, se cuestiona la falta de una política integral que contemple los desafíos estructurales del campo. Hasta el momento, el enfoque predominante ha sido fiscalista, centrado en el ajuste, sin una propuesta clara de desarrollo productivo a largo plazo.

Desconfianza frente al juego político

En el interior productivo se sigue con atención la discusión legislativa en torno a las retenciones. Aunque se valora que el tema haya ingresado en la agenda parlamentaria después de años de silencio, persiste el escepticismo. Se teme que la discusión responda más a intereses electorales que a una genuina preocupación por el desarrollo rural.

La posibilidad de que una ley sea aprobada y luego vetada por el Ejecutivo es vista como una señal negativa. Un volantazo de ese tipo no haría más que profundizar la desconfianza en las reglas de juego, precisamente en un momento en que se necesita previsibilidad para invertir y producir.

El reclamo: reglas claras y permanentes

Más allá de las tensiones coyunturales, en el sector se impone un consenso: las retenciones deben ser eliminadas gradualmente y por ley, con un marco normativo que impida su reintroducción. Esa sería la única manera de cerrar una etapa de improvisaciones fiscales que se arrastra desde hace más de dos décadas.

Se insiste en que el agro tiene capacidad para aportar al crecimiento del país, pero necesita condiciones estables, previsibles y sostenibles. Sin ellas, cualquier intento de recuperación económica quedará trunco antes de comenzar.