Soja cultivada ilegalmente en tierras indígenas de Brasil llega a mercados globales
Empresas multinacionales compran soja cultivada en tierras tribales arrendadas ilegalmente, generando conflictos y violaciones de derechos en comunidades indígenas de Brasil.
En Brasil, algunas de las principales cooperativas agrícolas que abastecen a empresas multinacionales están comprando soja cultivada ilegalmente en reservas indígenas. A pesar de las promesas públicas de respetar los derechos territoriales, las tierras tribales arrendadas ilegalmente continúan siendo un recurso explotado, según líderes tribales y registros judiciales. La expansión de la agricultura comercial en estas tierras, que representan aproximadamente el 13% del territorio brasileño, ha provocado conflictos en decenas de comunidades, de acuerdo con la policía federal, el Consejo Misionero Indígena y la agencia gubernamental FUNAI.
Aunque la Constitución de Brasil reserva estas tierras para el uso exclusivo de las comunidades indígenas y prohíbe su arrendamiento para cultivos comerciales, la falta de codificación en el código penal ha dificultado su aplicación efectiva. Los miembros de las tribus tienen legalmente permitido cultivar soja por sí mismos, pero la falta de acceso a fondos y recursos técnicos les impide desarrollar una agricultura a escala comercial.
Desde 2013, la extensión de soja en las reservas indígenas del estado de Rio Grande do Sul ha crecido un 23%, alcanzando las 28.000 hectáreas, según datos de MapBiomas. A pesar de esta expansión, los beneficios económicos son distribuidos de manera desigual, con líderes tribales obteniendo ganancias mientras gran parte de la comunidad sigue en pobreza. Las cooperativas como Cotrijal y Cotrisal compran la soja cultivada en tierras tribales, vendiéndola a grandes empresas como ADM, Bunge, Cargill, y COFCO.
Un gran problema en este sistema es que "la soja no tiene marca", como afirmó un ejecutivo de Cotrisal, lo que dificulta rastrear el origen de los cultivos. Aunque las multinacionales aseguran que respetan los derechos territoriales, el sistema de suministro es difícil de monitorear. Las cooperativas y empresas agrícolas se enfrentan a la presión de cumplir con las leyes que prohíben la compra de productos de tierras protegidas.
El conflicto por el arrendamiento de tierras ha provocado divisiones dentro de las comunidades indígenas. En el territorio de Serrinha, cerca del 50% de la reserva está dedicada al cultivo de soja, lo que ha generado tensiones entre los líderes tribales y los miembros de la comunidad. Algunas familias han tenido que abandonar sus tierras debido a la violencia y el saqueo, vinculados a las disputas por el comercio de soja.
La práctica del arrendamiento ilegal sigue siendo una fuente importante de conflicto. Líderes como José Oreste do Nascimento y Marciano Inacio Claudino, jefes de las reservas de Nonoai y Serrinha, han sido acusados de malversar las ganancias de los arrendamientos, lo que ha provocado un aumento de las desigualdades en sus comunidades.
A medida que la demanda mundial de soja continúa en ascenso, los esfuerzos para proteger las tierras indígenas y detener estas prácticas ilegales no parecen tener un efecto significativo en el corto plazo.