Gobierno terminó con el Fondo Ovino por falta de transparencia y resultados
En una decisión que ha suscitado controversia, el Gobierno argentino decidió cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), establecido por la ley 25.422 en 200
Este fondo, que manejaba un presupuesto anual de 3000 millones de pesos, fue clausurado bajo la acusación de falta de transparencia y de no haber logrado mejoras significativas en el sector.
Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció la medida a través de sus redes sociales, y la misma fue oficializada mediante la resolución 650 del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. Adorni afirmó: "Se ha decidido cerrar el FRAO debido a su manejo opaco de fondos y a la ausencia de resultados tangibles en la industria ovina desde su creación, hace más de dos décadas".
El FRAO fue creado con el propósito de revitalizar la ganadería ovina en Argentina, promoviendo la modernización y sostenibilidad de los sistemas productivos, así como la creación de empleo en zonas rurales. La ley que lo instauró incluía beneficios como apoyo económico, tanto reintegrable como no reintegrable, para proyectos en el sector ovino, abarcando la producción de lana, carne, cuero y otros productos derivados.
Sin embargo, el cierre del fondo ha sido justificado por el Gobierno al considerar que las condiciones actuales no justifican su continuidad. En la resolución, Caputo especificó que "las condiciones que motivaron la creación del FRAO no se encuentran dadas en el contexto actual", y que, alineado con las políticas públicas vigentes, mantener el fondo sería "inconveniente".
El FRAO era especialmente importante en regiones del sur del país, donde la actividad ovina tiene un rol clave en la economía local. Ahora, sus recursos, bienes y derechos serán transferidos al Banco de la Nación Argentina en un plazo de noventa días, según estipula la resolución. Las sumas líquidas disponibles serán depositadas en una cuenta del Tesoro Nacional en un lapso de cinco días hábiles desde la instrumentación de la transferencia.
La medida ha generado incertidumbre y preocupación entre los productores ovinos, quienes ahora esperan que el Gobierno ofrezca alternativas o medidas de apoyo para mitigar el impacto de esta decisión en el sector.