A Vicentin la complicó la Corte Suprema provincial
El máximo tribunal habilitó por unanimidad un recurso de queja que presentó el Bapro contra la homologación del concurso de acreedores
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abrió este martes un pedido de queja presentado por el banco bonaerense Bapro contra la resolución de la Cámara de Apelaciones de Reconquista de avalar la homologación del acuerdo de acreedores de Vicentin, que ya había sido rechazado en primera instancia.
La decisión judicial, que fue votada por unanimidad de los cortesanos, es un duro llamado de atención para la aceitera defaulteada porque muestra que no se rechazaron las quejas al fallo de Cámara y porque la jurisprudencia muestra que cuando se habilita ese queja en el 80 por ciento de los casos se termina fallando en favor de la reclamante.
El Banco de Santa Fe ya destinó este año más de 60 mil millones de pesos para potenciar la economía local
Además, como el recurso de queja presentado por el Bapro tiene menos argumentos que el presentado por Commoditie, el segundo acreedor comercial en importancia de Vicentin, que la Corte haya habilitado la del banco está marcando que el camino recién se inicia.
Y otro tema importante en la batalla judicial es que si la Corte no avala lo resuelto en Cámara, el caso no puede volver a esa jurisdicción, como siempre busco Vicentin por la conveniencia de que el caso se trate en su zona de influencia política.
El acuerdo de acreedores que alcanzó Vicentin el año pasado no fue homologado en primera instancia, pero sí en segunda. Cuando se conoció la resolución de la Cámara, hubo acreedores que presentaron el "recurso de inconstitucionalidad" que la propia entidad rechazó y por eso recurrieron en queja a la Corte. La del Bapro es la primera que habilita el máximo tribunal.
Los acreedores que discuten en la Justicia el acuerdo concursal sostienen, entre otras observaciones, que es perjudicial para los grandes acreedores comerciales por el margen de quita que dispone, pero además advierten que el pago se basa en la venta de activos que la aceitera no puede disponer porque están embargados en el marco de las investigaciones por estafa que avanzan en la Justicia penal.
Ahora, la Corte tiene ahora la palabra en lo que se convirtió en la caída más importante en la historia del mercado de granos por unos 1.500 millones de dólares.