Entre la Chicharrita del maiz y políticas: El sector agrícola Argentino navega en aguas turbulentas
El mercado de granos en Argentina enfrenta altibajos significativos, marcados por una reducción en la producción esperada de trigo tardío de 56 a 52 millones de toneladas, debido al impacto de la chicharrita
Este descenso, señalado por Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, resalta la vulnerabilidad del sector ante plagas y enfermedades.
La presencia de la chicharrita, que se extiende por primera vez al centro y sur del país, plantea una gran incertidumbre sobre la producción de maíz tardío, amenazando con más recortes en las proyecciones. Mientras tanto, en Rosario, Santa Fe, las transacciones de soja comienzan a ganar ritmo, aunque muestran un retraso importante, y las ventas de maíz presentan una mejor situación, a pesar de la amenaza del spiroplasma.
A nivel internacional, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica un avance de cosecha y reporta rindes prometedores en la zona núcleo para el maíz temprano. Sin embargo, la comercialización de granos experimenta un retraso comparado con años anteriores, con ventas a precio que apenas alcanzan el 12%.
La eliminación del fideicomiso del trigo por parte del gobierno preocupa especialmente, en un contexto donde la demanda de harina local está baja debido a la recesión. Esta medida podría afectar negativamente a la molinería, ya que se pierde un subsidio clave para vender harina a precios más accesibles a los industriales farináceos.
En contraste, la soja emerge como una esperanza para activar el flujo de divisas, con una comercialización que, a pesar de empezar desde una base baja, se mantiene activa. Romano destaca la importancia de los buques anunciados que llegan en busca de aceite y harina de soja, lo que podría dinamizar el ingreso de divisas en el país.
Este panorama agrícola presenta un doble desafío para Argentina: por un lado, maximizar la producción y comercialización de soja en un contexto de precios fluctuantes; y por otro, mitigar el impacto de plagas y decisiones gubernamentales que puedan comprometer la estabilidad del sector agrícola.