Gobierno de Bolivia evita protesta de cañeros con acuerdo
En un reciente desarrollo en Bolivia, una protesta planeada por el sector cañero y sucroalcolero, denominada "tractorazo", fue suspendida debido a un acuerdo con el Gobierno sobre el precio del etanol y un plan de compra a tres años
Este acuerdo, anunciado por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen; y Oscar Arnez, titular de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), ha sido visto como un paso significativo hacia la satisfacción de las demandas del sector, aunque no en su totalidad.
Oscar Arnez destacó que, a pesar de no alcanzar un acuerdo perfecto, se lograron beneficios significativos para el sector, incluyendo un precio cercano a los cinco bolivianos por litro de etanol. El Gobierno había propuesto inicialmente mantener el precio en 4,80 bolivianos, en comparación con un costo internacional de 3,60 bolivianos.
Además del precio, el acuerdo incluye el compromiso de volúmenes de compra para los próximos tres años, lo que proporciona seguridad y permite la planificación en el área industrial. Este acuerdo también contempla el diseño de un plan estratégico para el sector, incluyendo previsión de financiamiento y satisfacción de otras demandas.
El ministro Franklin Molina expresó que el precio acordado no solo satisface al sector cañero, sino que también permite trabajar de manera coordinada en los años venideros. Destacó que YPFB podría adquirir más de 200 millones de litros de etanol el próximo año, lo cual apoya las políticas públicas destinadas a aumentar el consumo de etanol y su incorporación en las gasolinas como aditivo importante.
Esta iniciativa forma parte de un programa de producción y comercialización del etanol anhidro en Bolivia, iniciado con la Ley 1098, orientado a sustituir importaciones de combustibles fósiles y a contribuir a una economía productiva nacional. Estas medidas se alinean con una política energética enfocada en reducir las importaciones de combustibles líquidos y en apoyar la producción nacional, enmarcada en la ruta de la transición energética hacia hidrocarburos más amigables con el medio ambiente. El Gobierno boliviano busca el apoyo de todos los sectores para impulsar el desarrollo económico del país en este contexto.