Reflotarán el tratamiento del proyecto de ley de Humedales

Por iniciativa del oficialismo, la Cámara de Diputados reflotará el jueves que viene el tratamiento del proyecto de ley de Humedales y sectores del bloque del Frente de Todos buscarán emitir dictamen ese mismo día, pese a la resistencia de buena parte de la oposición.

El plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda se dará cita el jueves a las 11 en la sala principal del anexo C de la Cámara baja, luego de un mes de impasse por el lobby del agronegocio, la minería y gobernadores de provincias donde esos intereses económicos juegan fuerte. 

Así lo confirmaron a NA fuentes cercanas al presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, que no quiere saber nada con que se siga postergando la resolución del tema, y apuesta a que la iniciativa sea ley antes de fin de año. "La idea es firmar este jueves mismo. Y que cada uno se haga cargo de su voto", señalaron, a sabiendas de que desde la oposición volverán a cargar las tintas sobre un supuesto tratamiento exprés del proyecto.

El debate había quedado clausurado transitoriamente el 28 de septiembre pasado a raíz de un acuerdo de cúpulas entre el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, con los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, luego de que los gobernadores (especialmente los del Norte Grande) ejercieran presión para frenar el avance de la iniciativa.

Una semana antes, Grosso había convocado al plenario con la decisión de firmar dictamen, pero cedió ante el reclamo de Juntos por el Cambio que pidió más tiempo para estudiar los pormenores del proyecto. 

Se resolvió ir a un cuarto intermedio y el martes siguiente el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile (UCR), reticente al avance de una norma que condicione la explotación económica en humedales, citó a una reunión informativa para darle tribuna a representantes de la agroindustria y la minería, que plantearon reparos a la iniciativa oficialista. 

Por caso, advirtieron que una iniciativa de esas características encarecería el costo de los proyectos y afectaría el desarrollo económico de las provincias, a la vez que implicaría un avance sobre la propiedad privada.