Piden informes por la presencia de funcionarios en la toma del campo de los Etchevehere

Un grupo de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por los entrerrianos Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por "la participación de funcionarios nacionales en hechos relacionados con la usurpación del ‘Establecimiento Casa Nueva' en la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos", perteneciente a la familia del ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere.

Precisamente, los legisladores solicitaron "la justificación de la presencia" de la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Carpineti; y de la titular del INADI, Victoria Donda. Además, mencionaron al dirigente social Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

En el proyecto, los opositores consultaron si la presencia de las funcionarias "responde a directivas emanadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, otra dependencia del Poder Ejecutivo o si actuaron por cuenta propia".

"A partir de la bendición a las usurpaciones y las tomas de tierra por parte del oficialismo, se construyen escenarios en los cuales personas inescrupulosas sacan provecho personal o sectorial, económico, mediático y/o político", apuntaron en los fundamentos.

Los senadores dijeron que "la acuciante necesidad insatisfecha de viviendas de muchas personas ha sido manipulada para irrumpir en la propiedad privada para proveer supuestas soluciones que no son más que acciones directas de carácter populista que sólo generan caos, perpetúan la pobreza y avanzan contra la Constitución Nacional".

"Resulta imperioso conocer el carácter de la acción de los funcionarios involucrados en las tomas y dar a conocer la posición del Gobierno Nacional en relación con la protección de la propiedad privada y del Estado de Derecho", completaron.

En tanto, el fueguino Pablo Blanco (UCR), que acompañó el proyecto de resolución, sostuvo que "la presencia y participación de estos funcionarios públicos no puede ser leída de otra manera que como un aval del Gobierno Nacional. Es un avasallamiento liso y llano de la Constitución que no hace otra cosa que contribuir al estado de caos y división interna".

Fuente: El Parlamentario