Fuerza Alberto, ¿para qué?

 Le voy a hablar de una persona que está en los medios hace algunas semanas. No se ha puesto el foco enteramente sobre él. Tiene que ver con todo lo que se está investigando sobre espionaje ilegal. Vamos a referirnos a un caso grave. A medida que usted vea lo que voy a mostrar va a advertir que es más grave de lo que se suponía.

 Estoy hablando de José Luis Vila, un militante radical de muchos años que ha estado muy ligado siempre a los temas de Defensa. Un hombre central al lado de Raúl Alfonsín durante los conflictos militares que pusieron en tela de juicio la continuidad democrática en los años 80, concretamente en los levantamientos carapintadas. Vila prestó servicios muy importantes a la política de Alfonsín para enfrentar esos levantamientos. En la época de Fernando de la Rúa, formó parte con un cargo político en la Secretaría de Inteligencia como analista. 

 Pasó 10 años de su vida en Washington, dedicado a temas de contraterrorismo, y trabajó en las Naciones Unidas. Volvió al país y fue, durante la presidencia de Mauricio Macri, el subsecretario de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Defensa. La naturaleza de este cargo es muy importante para entender de qué estamos hablando. Vila fue la persona que en ese ministerio se dedicaba a controlar a los delegados militares que tiene el país en distintas embajadas por el mundo delante de otros países. El encargado de coordinar actividades internacionales de la Argentina en materia militar, por ejemplo, operaciones de paz; firmar acuerdos militares con distintos países, etc. 

 Al final de 2017, empezaron a haber actividades raras referidas a José Luis Vila. A esta persona que era, para sintetizar, el canciller de la Argentina en temas de Defensa, le aparecieron panfleteadas en el Ministerio agrediéndolo, pidiendo que se vaya del cargo. Aparentemente, según lo que investigó después la Justicia, detrás de estos movimientos agresivos había gente de la Agencia Federal de Inteligencia. Estaría una figura importantísima de la AFI en la gestión de Macri, que se llama Diego Dalmau Pereyra, el encargado de contrainteligencia, el viejo cargo que tenía Antonio Stiuso. 

 Lo más importante ocurre el 6 de julio de 2018. Esta foto que compartimos, publicada en una nota de Infobae, muestra un explosivo que fue puesto en un departamento que había sido la casa de la familia Vila hasta poco tiempo antes, en la avenida Callao entre Arenales y Juncal. Es importante la dirección. 

 Un explosivo, una barra de trotyl, un celular sin pila no destinado a estallar, solo intimidatorio, con un cartel insultante para Vila. Esto ocurrió hace aproximadamente dos años y al otro día fue publicado en los medios. 

 Lo importante que aparece ahora es que la Justicia, investigando los teléfonos de la banda de agentes orgánicos de la AFI, encuentra en el celular de un abogado contratado oficialmente por la AFI, Facundo Melo, la foto de este artefacto explosivo tres días antes de que fuera colocado en lo que era la casa de la familia Vila. Se sigue el rastro de estos celulares, la Justicia va al teléfono de uno de los policías que integraba este grupo llamado Súper Mario Bros, Leandro Araque, y se encuentra de nuevo con esta foto, también con antelación a que el explosivo haya sido puesto. 

 La gran pregunta es si esta intimidación operatoria con una barra de trotyl, que es un explosivo de uso militar, difícil de conseguir y caro, fue colocado por alguien que formaba parte de la AFI oficialmente. Es una pregunta muy inquietante porque va asociada a otra. A raíz de la colocación de este explosivo, se inició una causa judicial, que está en el Juzgado Federal del juez Ramos, que lo investiga junto al fiscal Marijuan. Lo que es muy curioso es que la dependencia que tendría que estudiar este tema, que ya no estaba al frente de Dalmau sino de Alan Ruiz (que está bajo investigación, preso, subordinado directamente a Silvia Majdalani en la conducción de la AFI), la Dirección de Contrainteligencia, en ningún momento se interesó por investigar qué era ese artefacto explosivo puesto en la casa de una persona que estaba en el corazón del Ministerio de Defensa, un colaborador del ministro Oscar Aguad, y que tenía que ver con los acuerdos que firmaba la Argentina en materia militar con otros países. Es decir, era importantísimo saber quién había puesto ese artefacto. Sin embargo, a la AFI no le interesó conocer eso. Enorme signo de interrogación político, no judicial. 

Daría la impresión de que la AFI no investigaba porque ya sabía quién lo había puesto. Y ahora aparece la foto del explosivo en los celulares de esta banda de espías que, insisto, era un grupo de espías orgánico que, según todas las informaciones que van apareciendo, reportaba a la conducción oficial de la AFI, que ejercían Silvia Majdalani y Gustavo Arribas. 

 l detalle de que esto ocurrió en Callao y Juncal vuelve más curioso todavía que no se hubiera querido saber qué fue este explosivo, porque sucedió a cinco cuadras de la casa de Cristina Kirchner, que en la misma época, aparentemente, estaba siendo "cuidada" por la AFI. Todo indica que había un seguimiento clandestino sobre la expresidenta, que se ejercía en su domicilio, en Juncal y Uruguay, muy cerca de la casa de los Vila, y también en el Instituto Patria. 

 Hoy [por ayer] Silvia Majdalani tuvo que ir a declarar por este tema en la Justicia de Lomas de Zamora, en la causa que sigue este episodio y mañana [por hoy] lo tiene hacer Gustavo Arribas. La explicación que da la AFI es que la estaban cuidando a Cristina Kirchner por la posibilidad de un atentado terrorista en el marco de la reunión del G-20. 

Sin embargo, es raro que habiendo un explosivo a cinco cuadras de la casa de un funcionario del área de Defensa no se haya encendido una alarma por saber que había sido de ese explosivo

Pero lo más sorprendente, si la estaban cuidando por un posible atentado terrorista, es lo siguiente: ¿alguien le dijo a Cristina que podía ser víctima de ese ataque? Es lo mínimo que se hace cuando un organismo de seguridad o inteligencia está custodiando a alguien

La segunda pregunta: ¿además de ponerle autos de la AFI en la puerta, hubo algún refuerzo de la seguridad de Cristina Kirchner? Interrogantes que tendrá que contestar la conducción de la AFI anterior, la de Arribas y Majdalani, en el marco de esta causa que se está siguiendo en los tribunales de Lomas de Zamora. Con una curiosidad: una de las razones por las que el juez federal Federico Villena fue desplazado del caso de esta red de espionaje de la AFI, durante el gobierno anterior era que él le daría aparentemente cobertura legal a estas operaciones clandestinas que se ejercían sobre la expresidenta, actual vicepresidenta.

Esto por qué es importante? Porque la Argentina tiene una pésima tradición en el manejo de los servicios de inteligencia. No se explica, entonces, la impunidad en el caso AMIA o la muerte del exfiscal Alberto Nisman, si uno no se asoma a ese submundo del espionaje, desgraciadamente desmadrado con falta de control político, democrático 

Pero esto es importante, además, por otra razón que resulta muy dolorosa y molesta para los militantes de Cambiemos, ya que plantea un problema al discurso del Pro.

 El kirchnerismo, sobre todo en la época de Néstor Kirchner, cuando el rey de la inteligencia argentina era Jaime Stiuso, llevaba adelante operaciones clandestinas de distinto tipo sobre la Justicia, y muchísimo más graves que en la época de Macri. No hay ninguna novedad en eso. Lo que sí diferencia uno de otro, es que en el caso de Cambiemos la cuestión de la institucionalidad era su rasgo diferencial.

Entonces, genera una contradicción mayor, como puede ser la contradicción que plantea a las organizaciones de derechos humanos que simpatizan con el actual Gobierno la muerte a mansalva de Lucas Verón en La Matanza.

Estamos, entonces, ante un problema delicado, que es un dilema de materia institucional donde aparecen los servicios de inteligencia utilizados para la persecución política y la Justicia asociada. Esto se inscribe en un momento en que el problema institucional vuelve a estar vigente y también vuelve a estarlo en el campo oficialista, por distintos motivos, probablemente aleatorios.

Reaparece, así, el problema de la calidad institucional, la transparencia administrativa y la corrupción. Basta que se hable de que Lázaro Báez puede quedar libre para que reaparezca en la memoria todo lo que fue la trayectoria empresarial de Báez, cuyo dinero no se explica de otra manera que a partir de su vinculación con Néstor Kirchner.

Asimismo, aparece asesinado por razones misteriosas un secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, en el sur, y a raíz de este crimen se repone toda la historia de enriquecimiento fabuloso de Gutiérrez, que fue sobreseído por el juez Bonadio sin que hubiera una apelación en el año 2011. El que tenía que apelar era el fiscal Marijuan. Bonadio después se reencuentra en la causa de los cuadernos con Fabián Gutiérrez y decide investigarlo. Gutiérrez había declarado en contra de Cristina en esa causa.

En el mismo contexto, se da otro episodio: un proyecto del Gobierno planteando la necesidad, muy razonable, de una moratoria fiscal y una especie de traje a medida para Cristóbal López y Fabián de Sousa, otros dos empresarios que hicieron muchísimo dinero durante la época del kirchnerismo, para que pudieran zafar de su situación, muy complicada penalmente, sobre todo por un artículo, que es el permite ingresar en la moratoria a las empresas quebradas. Aunque no se entiende muy bien cuál sería la finalidad de ese artículo porque ceder recursos fiscales para reanimar una empresa quebrada es imposible.

La moratoria a Cristóbal López, la liberación de Lázaro Báez y la muerte de Fabián Gutiérrez son temas distintos, pero todos convergen en el mismo problema: reactivar la memoria respecto del nivel de corrupción de los gobiernos kirchneristas.

Y acá aparece algo muy inoportuno, que es la mención de Cristina de un artículo de Alfredo Zaiat, de Página 12, hablando de cuáles son los empresarios buenos y los malos. Era el peor contexto para decirlo, en un momento en el que se rememora quiénes son Báez y Cristóbal López, es decir, el empresariado que prosperó a la sombra del poder kirchnerista. No es un empresariado ejemplar y bastaría recorrer de nuevo la causa de los cuadernos para que se vean cuáles son las relaciones entre el kirchnerismo y la vida a empresarial.

 Estos problemas se plantean en el marco de una discusión sobre la organización de la economía que se vuelve cada vez más intensa por la dimensión de la crisis. Por la caída de los niveles de actividad, producción y empleo, y por el aumento de la pobreza. Frente a este panorama irrumpe una especie de momento de verdad respecto de los problemas que tenemos de organización económica. 

El primer dato alrededor es la discusión en torno a la moratoria. Vemos que en una propuesta muy razonable, que va a ser discutida y seguramente aprobada por el Congreso, el Gobierno aparece contrabandeando artículos que benefician a empresarios como De Sousa y Cristóbal López, muy ligados a Cristina Kirchner y muy ligados a Alberto Fernández. A tal punto que el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López pide que el Presidente declare quiénes fueron sus clientes en el ejercicio de la profesión de abogado.

La moratoria desata una discusión. El radicalismo señala que había una exclusión de las empresas de juego y de combustible, que se quedaban con aquello que percibían de los contribuyentes y debían entregar a la Afip. Es el caso de López y De Sousa. El radicalismo, sobre todo en la persona de Mario Negri, dijo que no quieren aprobar el levantamiento de esa exclusión. Y tampoco el artículo que permite que entren en la moratoria empresas quebradas, que sería lo que beneficia especialmente a estos empresarios. 

Consenso Federal, que es el sector peronista no kirchnerista que se identificó en las elecciones con la candidatura de Lavagna, también va en la misma línea. Un proyecto de Jorge Sarghini que dice que prefieren no hablar de exclusión de sectores. Pero que se niega a incluir a las empresas quebradas, como Oil Combustibles, de López y De Sousa. Sarghini dice que habría que excluir las apuestas online, que se están enriqueciendo muchísimo, por lo tanto no tendrían que verse beneficiadas con una moratoria. Se plantea otro problema acá, que Sarghini señala en su proyecto: ¿qué sucede con el que paga?¿No habría que premiarlo? Ahora que muchas empresas no pueden hacer frente al pago de impuestos, ¿no habría que estimularlas para que lo hagan? ¿No habría que premiar de alguna manera al que cumplió y al que está tentado de no cumplir esperando que haya otra moratoria porque la crisis está lejos de haber terminado? Es otra pregunta que va a estar en debate, alrededor de este proyecto oficial.

 El segundo problema que tiene que ver la discusión de la organización económica es el del empleo. En medio de esta crisis, hay doble indemnización por despidos, y prohibición de los despidos hasta fin de año. ¿Qué es lo que sucede en las empresas? Un ejemplo: un empleado ve que lo quieren despedir, pero que la empresa no puede hacerlo. Presume que finalmente la empresa se va a presentar en convocatoria. Y él tendrá que buscar un resarcimiento a los tribunales, en un juicio eterno. Si cobra, una parte se la va a llevar el abogado laboralista. Por lo tanto, advierte que le conviene aceptar la oferta que le hacen los dueños de la empresa: presentar ahora la renuncia y llevarse algo de plata. Esta es la reforma laboral de hecho que está ocurriendo en el mundo de la economía, sobre todo en las empresas chicas. La idea utópica de que no va a haber desempleo hasta fin de año por una ley no funciona. El Estado y los funcionarios tranquilizan su consciencia con esa cláusula, pero la gente va resolviendo su vida como puede, en negociaciones individuales, no reguladas por el Estado. 

 E a tercera discusión interesantísima: el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, está pensando en establecer una prestación universal que sustituya a este Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que reciben aquellos que no tienen otro tipo de compensación por parte del Estado y que están en una situación de pobreza grave. Desde el lado de los movimientos sociales lo aprueban, pero piden que el beneficio sea "ganado" de alguna manera. Es un planteo que uno no espera que venga de la izquierda y de los movimientos sociales: "si no trabajan que no cobren". Pero esos movimientos esperan una contraprestación de ese dinero para poder controlar las prestaciones. Es decir, para poder intermediar entre el beneficiario y el Estado, porque esa es la forma en que se alimentan maquinarias gigantescas de clientelismo. Muchos dirigentes sociales pasan listas en las marchas y, al que no va, le suspenden el subsidio. Algunos hasta reciben una parte de la prestación, montando una industria de la pobreza. En este clima que estamos viviendo, dramático, donde la pobreza podría pesar 50%,sigue habiendo este tipo de perversiones.

Todo esto, en medio de una circunstancia en la que sigue siendo una incógnita cuál es el programa de mediano y largo plazo del Gobierno para sacar a la Argentina de la crisis. Y alrededor de este problema, una encrucijada compleja dentro del Gobierno, que es la de la deuda. El ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó una nueva oferta y dijo "es la última". Pero los grandes fondos dijeron que no y lo hicieron por escrito, con argumentos muy precisos. El principal es que el Gobierno se niega a negociar. Y es un argumento que preconstituye un planteo eventual delante de la Justicia si se termina discutiendo el default en Nueva York. El Gobierno dice, con toda lógica, que no pueden ofrecer más, cuando en el camino entregó 15 mil millones de dólares, de la primera a la última oferta, que fue la cuarta. Viene advirtiendo, desde la primera, que era "la última", pero los fondos ahora esperan que haya una quinta. El Gobierno se tira a la pileta con esta oferta, asociado a tres fondos que aceptan el canje. Habrá que ver si le dan las mayorías para obligar a los que no acordaron a aceptar la oferta y no ir a tribunales. Si eso no se logra, si los que adhirieron al canje no ofrecen las mayorías necesarias, muy probablemente Guzmán tenga que hacer una oferta más, porque Alberto Fernández quiere salir del default. Y con esta oferta tal vez no lo logre.

 Las elecciones del año que viene, la idea de que la crisis va a ser más larga de lo que se suponía, genera ansiedad por parte de los actores económicos y, sobre todo, por parte de los socios del Gobierno. Se abre un debate dentro del oficialismo, donde interviene Cristina Kirchner, que dice querer una orientación más estado-céntrica, menos vinculada a la empresa privada. A la par, Fernández no logra establecer un discurso claro respecto de esto. Este lunes dijo que se arrepiente de Vicentin, porque pensó que la gente "iba a salir a festejar". Esta es una mala idea. Uno debería pensar, ¿se arrepiente de Vicentin porque está de acuerdo con estatizar o no? ¿Fernández cree que hay que ir a estatizar una empresa, que además está en concurso de acreedores en el marco judicial, o no? ¿Se arrepiente por un problema de principios o por un problema de demagogia? Si la gente hubiera salido a festejar, ¿seguía con la estatización de la empresa? Son preguntas respecto de la orientación que tiene Fernández para su programa, debido a que él va y vuelve en la relación con el empresariado y con el mercado. 

 Algo similar sucede a nivel internacional. Fernández había dicho: "Estoy solo para cambiar el mundo, solo me acompaña el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador", en una política que lo que intenta, entre otras cosas, -según le explicó el Presidente a Lula en una comunicación telefónica-, es impedir que Estados Unidos siga destruyendo la economía latinoamericana. Pero López Obrador acaba de entrevistarse con Donald Trump y han llamado la atención los elogios del presidente mexicano a esa relación entre ambos países. No cabía duda de que eso iba a ser así, porque es difícil que un presidente mexicano se pueda pelear con un presidente de los Estados Unidos, aun un nacionalista como López Obrador. De aquí, surge otra pregunta: ¿Fernández se quedó solo o ahora son tres para cambiar el mundo? ¿Incorporaron a Trump? ¿Es cierto que López Obrador habló con Trump de la Argentina y de la deuda? Si ese fuera el caso, serían tres socios. Habrá que ver si el estado, la política, la Casa Blanca, puede hacer algo en materia de deuda con el sector privado. Los bonos son contratos que los americanos discuten en sus tribunales. 

 La orientación general de la economía, como decía, pone ansiosos a los actores económicos, a los aliados del Gobierno. Mientras tanto, los extremos se tensan. La discusión sobre la Justicia, la corrupción y el espionaje tienen que ver con esta tensión. En este contexto reaparece alguien importante: Elisa Carrió, que estaba eclipsada, callada. Ella dice que, siguiendo la tradición, no va a las reuniones de la oposición con el Poder Ejecutivo. Sigue una línea que inició en el año 2009 cuando también se negó a ir a un acuerdo político convocado por Florencio Randazzo en la Casa de Gobierno. Carrió y Cristina. Reaparece la tensión. En el medio, Alberto Fernández desdibujado, con un programa que no se sabe bien cuál es. Y con carteles que aparecen en todo el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, que dicen: "Fuerza Alberto". ¿Quiénes los pegaron? Algunos dicen que son sindicalistas. ¿Será Víctor Santa María, dueño de medios de comunicación como Canal 9 y Página 12, un aliado de Fernández? Puede ser. La pregunta es: Fuerza Alberto, ¿para qué?