El Estado se pierde de recaudar por trabar autos importados

 Tal como vino adelantando Ámbito a lo largo de junio, las ventas crecen fuertes por el efecto de la brecha cambiaria y podría ser el primer mes de crecimiento interanual en 24 meses. Hay una demanda sostenida que, en muchos casos, no puede concretarse en operaciones reales por falta de modelos. Los motivos de esta escasez son varios pero el más significativo son las trabas a las importaciones que aplica el gobierno con la demora de un permiso para despachar a plaza los vehículos importados. El trámite conocido como SIMI. La lógica de esta medida está pensada para evitar la salida de dólares que implica pagar una importación de vehículos. Lo incomprensible es que tampoco se libera este formulario para miles de unidades que ya están en los depósitos aduaneros y que ya fueron pagadas (se estima que en total hay unos 10.000 vehículos demorados). Se podría entender que funcione para futuras importaciones pero es un sin sentido que se haga con las que ya llegaron al país. La liberación de estos 0 km no significaría ninguna pérdida de dólares para la Argentina. También complica los plazos dispuestos para el despacho, condición indispensable para liberar el pago. Se establece que debe hacerse dentro de los 90 días de su pedido. Esto, en la práctica, es imposible ya que cuando se solicita la compra de unidades en automotrices del exterior, recién en el momento del pedido se pone la orden de producción. El auto puede tardar dos meses en fabricarse. A eso hay que sumarle que hay que conseguir un barco disponible y sumarle el tiempo de traslado. Cuanto más lejano sea el país de origen, más tiempo demora. Así, lo que sucede es que el pago de los dólares se bloquea por no haber llegado la importación a tiempo. El otro costado curioso de esta decisión es que el Estado se está perdiendo ingresos que vendrían de la recaudación por el pago de los impuestos para su nacionalización. Sólo se puede explicar semejante incongruencia en el desconocimiento del tema o el desborde operativo de funcionarios que están tapando agujeros por todos lados en un barco con muchas averías.

Hay otros costados de esta política de freno a las importaciones, en general, y a las de autos, en particular. Ya hay importadores que están teniendo problemas con sus proveedores por la imposibilidad de pagar sus compras ante el "cepo" que impuso el Banco Central. Una remake de finales de 2015. Por ejemplo, un distribuidor que inició una operación con plazo de pago a los 90 días, se encuentra hoy -pasados los tres meses de lo pactado con su proveedor- que el Banco Central no le libera los dólares al tipo de cambio oficial para cancelar esa compra. Esto hace que el importador tenga que renegociar con la empresa en el exterior un "perdón". Un importador envuelto en esta situación sintetizó la respuesta que le dieron desde el exterior cuando explicó el problema que enfrentaba para cancelar su deuda. "Estamos acostumbrados, es Argentina" dicen que le dijeron. Más allá de la naturalidad con la que tomaron el tema, no es tan sencillo pactar un nuevo plazo. Es eso o se debe recurrir a un dólar no oficial para pagar esa deuda, lo que hace que la operación pase a pérdida.

Todas estas trabas hace que el mercado no crezca al ritmo de la demanda. A esto se suma que el trato no parece ser igual para todos y despierta suspicacias. Algunos hablan de "listas negras". Las que tienen mejor acceso al Gobierno serían mejor posicionadas. Incluso, esas diferencias se ven también entre distintas terminales. Hay que recordar que los fabricantes son los principales importadores. Un importante importador está tratando de llegar a funcionarios del área para encontrar una respuesta a la demora en la liberación de sus formularios SIMI. La relación de aprobaciones de trámite es de 7 a 1 a favor de su poderoso competidor. Otra empresa ve una "mano negra" como consecuencia del apellido de los fundadores del grupo.

En medio de estas restricciones al comercio exterior, la extensión de la cuarentena, con el regreso a la fase 1 de aislamiento, vuelve a complicar al mercado. Las concesionarias de Capital Federal que estaban abiertas deberán cerrar desde mañana. Algunas de provincia de Buenos Aires que habían logrado los permisos para abrir, vuelven para atrás. Eso se va a percibir en el mercado que venía repuntando. En el sector hay mucha angustia empresaria por tantas idas y vueltas. No sólo la cuestión económica está golpeando sino que, además, el ánimo va decayendo. "Es difícil trabajar en estas condiciones" se sinceró el dueño de una concesionaria ante las nuevas restricciones. Las pérdidas que están teniendo en estos meses serán difíciles de recuperar. La buena expectativa que había generado la demanda por la brecha cambiaria se choca con este nuevo cierre de los locales. Sin duda, va a haber un impacto en el corto plazo. Lo que suceda después dependerá de cómo funcione la economía, la disponibilidad de dólares y el bolsillo de la gente. Lo que está claro es que julio tendrá una actividad recortada por las restricciones. En el sector se espera que las ventas se sigan haciendo durante esta cuarentena más estricta y se puedan patentar a partir del 17 -si se vuelve a una fase más liviana- y el golpe no sea tan fuerte.