Autos

El Estado le debe a las automotrices $26.000 millones

Mientras el Gobierno se pelea con sectores empresarios por la cuarentena y las terminales deben recurrir al salvataje oficial para pagar salarios, son acreedoras millonarias del fisco.

En la Argentina, la relación entre el Estado y los empresarios, nunca es buena. No lo fue en el pasado, ni la es hoy. Por estos días, un nuevo conflicto enfrenta a las partes. Desde algunas entidades privadas se viene reclamando una flexibilización de la cuarentena ante un aparato productivo que no soporta más la inactividad. El presidente Alberto Fernández les respondió con el reconocimiento personal de no entenderlos.

"Les pagamos entre todos los argentinos los sueldos a sus trabajadores y ellos, ¿de qué hablan? No abusen", dijo al tiempo de responsabilizarlos de querer mandar a la muerte a miles de argentinos. Si bien el tema salarial es importante, una empresa o comercio tiene otros costos como servicios, alquileres y, sobre todo, impuestos. En esta disputa respecto de quién sostiene a quién es necesario considerar todos los factores.

En el sector automotor, por ejemplo, las terminales están solicitando la autorización para volver a producir para poder tener ingresos debido a que no pueden afrontar los costos fijos después de 50 días de inactividad. También, como tantas otras empresas, se acogieron al mecanismo de que la ANSES se haga cargo del pago de sueldos de sus trabajadores. Hasta ayer, ninguna compañía había logrado que las incluyeran en ese programa que dispone de una serie de requisitos para acceder por lo que no recibieron fondos. Fuentes del sector se mostraron pesimistas de lograr ese beneficio aunque no perdían las esperanzas. Lo insólito de esta situación es que mientras las automotrices tienen pedir ese "salvataje" de urgencia -y agradecer el "favor" público-, el Estado les debe al sector, en su conjunto, más de $26.000 millones, según estiman en ADEFA.

Está claro que ese millonario pasivo no es responsabilidad total del actual Gobierno ya que contempla cargos impagos de la gestión de Mauricio Macri, Cristina Fernández y hasta de Néstor Kirchner pero, a los fines empresarios, no importa el color partidario sino el incumplimiento estatal. Este inmenso "agujero negro" que fue expandiéndose cada administración. La mayor parte - cerca de $18.000 millones - corresponden al IVA generado por las inversiones realizadas. Al ser una sector que exporta más de lo que vende en el mercado interno, ese tributo no puede ser compensado y va acumulando un saldo inutilizable a favor de las empresas. "Si no se recuperan los créditos fiscales, finalmente se termina penalizando el proyecto de inversión porque se tiene que asumir como un mayor costo del proyecto lo que hace que sea menos competitivo contra otros países que no cobran impuestos en esa etapa o lo devuelven de manera automática" explicó un empresario del sector.

Otro monto importante es el del plan de subsidios para la compra de 0 km, lanzado el año pasado por la gestión Macri como medida electoralista, que no fue pagado en su totalidad por esa administración ni por las nuevas autoridades. También entran en ese paquete liquidación de beneficios impositivos de los últimos tres regímenes de promoción de autopartes nacionales. En este tema, se produce el hecho insólito de existir todavía deuda no cobrada desde el 2005. El resto se compone de incumplimientos por reembolsos de las exportaciones, IVA exportador y otros cargos.

Tomando el tipo de cambio actual, los $26.000 millones representan unos u$s380 millones aunque esa cantidad fue fluctuando con el tiempo llegando, en algunos momentos, a ser más dinero que podría haber sido utilizado para en nuevas inversiones.

Las terminales esperan que se las autorice a volver a producir en los próximos días. Si bien ya hubo casos como la planta de Volkswagen en Córdoba o la de Scania en Tucumán que ya está funcionando, la situación es diferente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentran la mayor parte de las terminales y autopartistas. En ese distrito ven complicado que, al menos la semana próxima, estén en condiciones de operar. Las terminales quieren hacer, especialmente, para cumplir con exportaciones que signifiquen ingresos de dólares, algo que el país necesita tanto o más como una vacuna contra el coronavirus.