La UE es proclive a un acuerdo por el biodiesel argentino
La polémica por la imposición de aranceles se cerraría si los productores argentinos aceptan la imposición de un precio mínimo por el biocombustible.
La Comisión que supervisa la política comercial de los 28 miembros de la Unión Europea comunicó a las partes interesadas que estaba dispuesta a aceptar compromisos de productores de biocombustibles de Argentina que vendan a un precio mínimo.
"Esto excluiría a estos productores de los posibles aranceles antisubvenciones que impondrá la Comisión Europea, al tiempo que restablecerá la igualdad de condiciones para los productores europeos", dijo un portavoz de la Comisión por correo electrónico.
Las partes interesadas tienen hasta el viernes 18 de enero para comentar la propuesta, con una fecha límite del 28 de febrero para la imposición de derechos antisubsidios.
No quedó claro cuál sería el precio mínimo y tampoco cuál sería el volumen de biodiésel autorizado para ingresar.
"Estaríamos dispuestos a un arreglo que contemple un valor mínimo", dijo a Reuters Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio),que nuclea a empresas que exportan biodiésel desde el país sudamericano como Cargill y Bunge. "Hay un buen diálogo (con la UE) y nos parece el camino para beneficiar a todos", agregó Zubizarreta.
En caso de no arribar a un acuerdo, los aranceles propuestos por el bloque oscilan entre 25 por ciento y 33,4 por ciento dependiendo de las compañías, según un documento al que Reuters tuvo acceso en diciembre.
De acuerdo a una fuente de la industria argentina con conocimiento de las negociaciones, de ser exitosas, el acuerdo se implementaría a partir de febrero y tendría una duración de "varios años".
La Comisión comenzó a investigar a inicios de 2012 las importaciones de biodiésel de Argentina y de Indonesia por una solicitud de los productores de la UE.
El bloque impuso derechos antidumping a las importaciones argentinas de biodiésel en 2013, pero luego tuvo que eliminar la mayoría de estos en marzo de 2018, luego de impugnaciones exitosas en la Organización Mundial de Comercio y el Tribunal de Justicia Europeo.
La Comisión abrió su actual investigación antisubsidios contra Argentina hace un año.