Provincias con biocombustibles en alerta por posible gravamen a los surtidores
La imposición recaería siempre y cuando se supere los actuales cortes del 10% en el caso del biodiésel y del 12% para el bioetanol.
Los gobernadores que integran la Liga Bioenergética -Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta- buscan ponerle un freno a la avanzada del Gobierno nacional para sumarle impuestos a los biocombustibles.
La estrategia del oficialismo es modificar la Ley 26.093 a través del proyecto de Presupuesto, que debaten por estas horas los diputados, de modo de eliminar la eximición vigente. La imposición recaería siempre y cuando se supere los actuales cortes del 10% en el caso del biodiésel y del 12% para el bioetanol. La iniciativa no sería obligatoria.
Según el texto que circula en el Congreso, el objetivo es aplicar el impuesto sobre los combustibles para el bioetanol en un 74 % del monto pagado por las naftas para el mismo impuesto. Mientras que el biodiésel será del 92 % del monto pagado por el gasoil.
"Lo que sabemos es que si bien no está en el proyecto original del presupuesto, buscan introducirlo en trabajo de Comisión", afirmó la secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese.
Si bien no se puede hoy saber el costo fiscal de la medida dado que la propuesta es que sea "aleatorio" y no "obligatorio" como lo es actualmente. Teniendo en cuenta lo que el mercado absorbió de biodiésel en 2017 1.250 millones de litros, lo que se llevaría el Gobierno asciende a 156 millones de dólares.
En el etanol rondaría los 172 millones/dol a partir de un consumo de 1.100 millones de litros. Hay que tener en cuenta que los números expresados tienen pendiente el ajuste el costo de vida de los próximos seis meses, lo que se entiende que el monto ascendería aún más.
Desde la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, su director ejecutivo Claudio Molina destacó que el Impuesto a los Combustibles y Dióxido de Carbono "siempre se traslada al surtidor y por ende, lo soporta el consumidor, no resultando la desgravación de un producto frente ese tributo, una ventaja en si misma para quien lo produce, salvo en lo relativo que la desgravación -en caso de existir- puede representar un incentivo para su consumo".
La idea pertenece al secretario de Energía, Javier Iguacel que semanas atrás explicó durante una jornada rural, que para el biodiésel cuyo mínimo obligatorio es del 10%, "estamos hablando de llegar al 20 ó 25% en los mismos surtidores que ya existen hoy y será una decisión de cada provincia por si le conviene o no".
El funcionario explicó que la idea es que "el precio del biodiésel cuya paridad de exportación es muy buena respecto del fósil. "Lo que queremos es que compitan con el fósil e incluso podría mejorar el precio en el surtidor", dijo.
Fuentes de la industria alertaron "que con el cierre de plantas a partir de una caída de mercados externos el impacto sería aun peor dado que no se podría vender a un precio menor que el gasoil actual".
Desde la Casa Rosada y legisladores, coincidían en sostener que la iniciativa no se incluiría en el presupuesto aunque no descartaron elevar un proyecto propio.